El Plan B electoral de López Obrador, aunque se apruebe en el Senado, puede ser sepultado por la oposición en el TEPJF o ante la SCJN
Quien crea que aprobando el dichoso Plan B (electoral), el presidente López Obrador ya se habrá salido con la suya, sencillamente está viviendo en el error. Lo cierto es que la oposición tiene muchas posibilidades de sepultar este mamotreto electoral en el campo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o en todo caso, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Y es que, mientras los senadores morenos y sus socios satélites preparan la artillería para aprobar la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuanto empiece el periodo ordinario de sesiones —el próximo miércoles—, la oposición tiene ya preparado un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenarla. Se sabe que en el búnker morenista existen ciertas reservas, sobre todo, desde que en la cabeza de la Suprema Corte de Justicia se encuentra la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Vecinos de la calle Independencia de Xalapa están preocupados por una mujer, adulta mayor, que constantemente ha sido vista durmiendo en la calle. Al parecer la mujer no está bien de sus facultades mentales, pues cuando algunos vecinos se han acercado a ayudarla ella parece no comprender la situación en la que se encuentra. A veces se queda dormida sobre el empedrado, entre las calles 20 de noviembre y 24 de febrero en la colonia 2 de abril, por el lado de la acera empedrada.
La estulticia del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, no deja de sorprender a propios y extraños. Resulta que, en su sesudo análisis, donde perdió la vida Fernando Vega Pérez alias El Pino y su familia, el mandatario juzga y señala que el maestro que manejaba la camioneta, debería estar enterado sobre las actividades ilícitas del finado, dando a entender que éste andaba en malos pasos. Sin embargo, el hijo del profe Atanasio no repara ni por un segundo, en las fotografías que el mismo finado posteaba en sus redes, donde lo hacen parecer amigo de Fernando Pérez Vega, a quien ahora señala con saña como un sujeto generador de violencia, cuando hasta hace poco aparecía muy sonriente a su lado, como si fueran grandes camaradas.
En noviembre de 2021 el gobernador Cuitláhuac García decía sobre Sergio Gutiérrez Luna: «No lo conozco, no me molesta que venga a Veracruz, cada quien es libre, algunas veces hemos coincidido (…) Nunca lo vi en Veracruz, era panista». Con esta declaración no sólo trataba de descalificar al entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a quien estaba obligado a conocer, sino que trató de defenestrarlo acusándolo de ser panista. Esta fue una más de las torpezas del estulto gobernador que, si las cosas se le dan a Gutiérrez Luna, el minatitleco se las habrá de cobrar con creces. El periodista Arturo Reyes Isidoro realiza una crónica puntual sobre la visita de Adán Augusto López, secretario de Gobernación en Boca del Río.
Al “Negro” Sansores, padre de la gobernadora Layda Sansores se le conocía por ser un hombre que robó mucho, que se quitó a fuerza de balas a muchos de sus opositores, que traicionó al PRI y que fue desleal con sus amigos. Esa fue la herencia que le dejó a su hija, la esperpéntica Layda Sansores, gobernadora morenista de Campeche, quien está siendo exhibida por la revista Proceso. Han salido a la luz conversaciones de WhatsApp en las que se advierte la manera frívola y perversa como se ha manejado Layda Sansores desde que llegó al gobierno de Campeche.
Luego de que circulara la filmación en donde se ve a la directora de Ecología de Salina Cruz, Oaxaca, Rocío Gómez, siendo agredida por un sujeto, las autoridades emitieron un comunicado en donde indicaron que al parecer la agresión surgió luego de que la directora le negara el acceso al agresor para que vendiera sus muebles en un parque. Cabe señalar que en las imágenes se ve al sujeto acercarse a la funcionaria para rociarle solvente. La intención del hombre era prenderle fuego, pues de sus bolsillos sacó una caja de cerillos e intentó llevar a cabo su cometido.
Hay que ser muy cachetón o de plano no tener ni una pizca de vergüenza para venir a pararse ante los diputados y presumir logros que no existen. Resulta que la fiscal Verónica Hernández Giadáns, en su comparecencia ante el Congreso de Veracruz, dio a conocer que sólo ha habido ocho sentencias en casos abiertos. No hay que olvidar que, el primer acto de gobierno del mandatario Cuitláhuac García fue con los familiares de desaparecidos, en éste, el Ejecutivo estatal empeñó su palabra al decir que su gobierno haría hasta lo imposible para localizar a sus familiares desaparecidos.
Ante los medios, ante los diputados, la fiscal espuria dice que ha apoyado a los colectivos de desparecidos en el estado de Veracruz; en el caso de las madres de desaparecidos, dice que entiende su dolor. Sin embargo, las madres de estos colectivos la califican de mentirosa y embustera. Las activistas acusan que desde que llegó la fiscal espuria las mesas de trabajo se han suspendido; tres años sin mesas de trabajo.
En las redes sociales se difundió el video de un hombre que iba colgado de la cabina de un tráiler; esto en la carretera Orizaba-Puebla. En los comentarios de las personas se dijo que el hombre era un asaltante, un delincuente que quiso asaltar al trailero que al darse a la fuga se lo llevó de corbata. En la filmación el hombre que iba colgado hizo señas a una camioneta de la Guardia Nacional, lo que llamó la atención de quienes comentaron el video. Los que dijeron que el sujeto era un ladrón lo dijeron sin tener conocimiento de lo que realmente estaba pasando.
Ya les estamos creyendo al presidente López Obrador, que el rector Enrique Graue sólo suelta puro “choro mareador”, al parecer con el fin de evadir su responsabilidad de quitar a Yasmín Esquivel su título de licenciada, lo que invalidaría toda su carrera en el Poder Judicial. El mismo presidente está retando al rector, mostrándole una salida: «Lo que procede es meter una denuncia para que el ministerio público resuelva y al momento que resuelve el ministerio público, si hay esa anomalía, pues se procede a la cancelación del título».