Libertad Bajo Palabra

Angélica Sánchez fue detenida con acusaciones falsas, con pruebas fabricadas; fue detenida con toda la alevosía jurídica de la que es capaz la Fiscalía del Estado de Veracruz. Los jueces y abogados saben que no es la primera vez que la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, detiene a alguien con pruebas fabricadas. Lo ha hecho en contra de adversarios del gobierno, lo ha hecho en contra de jóvenes inocentes, lo ha hecho en contra de ciudadanos comunes. Pero hasta el momento no se había atrevido a hacerlo en contra de un miembro del Poder Judicial. El único delito de la jueza Angélica Sánchez fue acatar la orden de un juez federal; el no hacerlo podría implicar para ella caer en desacato. La jueza cumplió la orden y el gobernador, por ese hecho, la calificó de delincuente. Sí, así la llamó. Un gobernador que sacó de la cárcel a Arturo Bermúdez Zurita, acusado de genocidio por los colectivos de madres buscadoras; un gobernador que liberó a otros cómplices de Duarte y que ha mantenido libres a muchos delincuentes que siguen saqueando el estado de Veracruz. Ah, pero que una jueza acate una orden federal, eso la hace delincuente. Al final la Fiscalía espuria no pudo sostener sus acusaciones falsas, al final la presión de las barras de abogados y de jueces federales obligó a este gobierno a dejar en libertad a la jueza Angélica Sánchez. Jueces y abogados entendieron el mensaje. Hoy es la jueza Angélica Sánchez, mañana podría ser cualquiera de ustedes.

La tarde de este miércoles 7 de junio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) anunció la liberación de Angélica “N”, la juez que fue aprehendida, a la que le sembraron armas, a la que obligaron a disparar un arma para acusarla de agresiones a la autoridad. A su vez, comunicaron que la investigación sigue su curso pero que, «hasta el momento, no se cuenta con elementos para justificar la prisión preventiva como medida cautelar, por los hechos posiblemente constitutivos de delito señalados por los elementos aprehensores». Del mismo modo, la FGE informó que se realiza un desglose respectivo a la Fiscalía General de la República (FGR) «por [ser] hechos de competencia federal». Asimismo puntualiza que si bien la jueza Angélica “N” obtiene su liberación inmediata, pero con reservas de ley, por lo que la investigación sigue su curso. Cabe señalar que la jueza Angélica fue aprehendida por supuestamente agresiones a la autoridad, pero sabiendo como se las gasta este gobierno estatal, se presume que se trató de una vendetta por haber aceptado un amparo para liberar a Itiel “N”, alias el Compa Playas, presunto asesino del exdiputado Juan Carlos Molina. Así actúa este gobierno, que aplica la máxima de «si no estás conmigo, estás contra mí».

Darle un machetazo al caballo de espadas es vencer a alguien en un campo en el que no se es experto y el vencido sí. Pues con la renuncia adelantada de Marcelo Ebrard a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), le da un machetazo adelantado a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y al propio Ricardo Monreal. Ahora la presión es para sus compañeros de partido que tendrán que ponerse al parejo para no mandar un mensaje de que se están aprovechando del puesto para alcanzar sus intereses personales. Es más, el propio Ejecutivo federal tuvo que aceptar que las demás “corcholatas” deben renunciar. Dijo esta mañana que, si el Consejo Nacional de Morena lo aprueba este domingo, a partir del próximo lunes 12 de junio tendrán que renunciar a sus cargos públicos todos los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Por lo pronto, el carnal Marcelo da madruguete a sus competidores y no hay que olvidar que el que pega primero, pega dos veces.

El periodismo que prefiere la Cuarta Transformación es el que ejerce Lord Molécula o la güera que se siente Thalía; es el periodismo de “El pirata”, o de los youtubers que se inventaron un canal para llenar de halagos al presidente. La libertad de expresión para el presidente de México es esa que ejerce Carlos Pozos, Lord Molécula, quien en una mañanera preguntó al presidente: «Acusan a su gobierno de estar jugando a Dios, ¿me podría explicar si su gobierno juega a ser Dios?». Otro día, sin el menor pudor, este pseudoperiodista se bajó los pantalones y gritó a los cuatro vientos en la mañanera: «Dios salve al presidente». Esa es la libertad de expresión que prefiere la Cuarta Transformación, la que acusa los errores de los opositores, pero excusa los errores del gobierno. El epitafio de ese periodismo es el que dejó el monero Antonio Helguera, quien después de decir estas palabras inmortales, murió: «No me voy a poner a atacar a lo pendejo a un gobierno que esperé toda mi vida». Por cierto, Helguera era de los que comían paella con el presidente los domingos en Palacio Nacional. Sus palabras son una muestra inexorable de que la abyección llega a trascender más que el abyecto. La crítica para el presidente López Obrador es un estorbo, son dardos envenenados que quieren destruir u opacar su buen gobierno. El gobierno ideal para López Obrador es aquel en el que no tenga que rendir cuentas a nadie, ni a su consciencia; aquel en el que los periodistas críticos no existan.

En nuestro país siempre ha estado a discusión hasta qué grado un periodista que ejerce su libertad de expresión puede inmiscuirse en la vida privada de un personaje público. El debate ya lo hemos compartido y siempre llegamos a la misma conclusión: En la medida que el personaje se hace público, hace pública su vida privada o afecte los intereses de la sociedad con sus actos privados siendo funcionario público, en esa medida uno puede libremente señalar o denunciar a dicho sujeto. Por ejemplo, es un asunto privado la compra de un auto, la elección del modelo y el color. Sin embargo, conociendo uno las percepciones salariales de este funcionario (la ley está obligada a brindarnos esa información) y notando que su salario u otras percepciones no le alcanzan para ese auto, casa, o cualquier otro bien, entonces el periodista está obligado a preguntarse ¿de dónde saca ese funcionario recursos para darse la vida que exhibe? Nos metemos en su vida privada porque en su corrupción el funcionario afecta los bienes comunes de nuestra sociedad.