Desde el primer segundo que la ministra Norma Piña tomó las riendas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos preguntamos cuál sería la estatura moral de la nueva presidenta. Hoy, después de resolver el resolutivo de la Guardia Nacional para que ésta no dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), podemos constatar que la ministra Norma Piña será un factor de equilibrio en el país.
Sólo los entendidos y demócratas celebrarán que en este país un Poder del Estado haga contrapeso a los caprichos del presidente López Obrador. Con el control del Poder Legislativo, el presidente de México ha intentado en más de una ocasión imponer su voluntad, como la de un tirano que busca dejar un precedente dictatorial. El martes 18 de abril de 2023 se habrá de repetir en otras ocasiones. Ese día la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó para atrás la intentona del presidente de brindar el control de la Guardia Nacional en manos de las fuerzas castrenses. Esta imposición vulneraría el artículo 21 de la Constitución, la cual deja muy claro que son las autoridades civiles las encargadas de los temas de seguridad en el país.
El presidente López Obrador un día pidió que Carlos Loret de Mola rindiera cuentas; pidió al periodista que explicara quién le paga. Por supuesto, el periodista no está obligado a informar al presidente quién le paga, porque él no maneja recursos públicos. Sin embargo, quien sí está obligado a rendir cuentas es el presidente López Obrador. Pero se niega a ello. No quiere rendir cuentas y protege a sus subalternos para que ellos tampoco rindan cuentas a la nación. Recientemente nos enteramos, por un reportaje de El Universal, que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, ha realizado diversos viajes de lujo con la familia y amigos de la familia, todo con cargo al erario público.
Hace unos meses, las organizaciones civiles R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), Artículo 19 México y Centroamérica, y SocialTIC –con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto–, denunciaron que el gobierno de México utilizaba el software Pegasus para espiar a periodista y activistas, que son considerados opositores a la Cuarta Transformación. En un reportaje de CNN en español se anotaba: «Según el anuncio, el titular del contrato es la Secretaría de Defensa y los espiados son personas que hacen investigaciones sobre violación de Derechos Humanos por parte del Ejército. López Obrador había anunciado en 2021 que no habría contratos con el software de la compañía israelí para espiar a la sociedad civil».
En su inicio el artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos declara: «La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial».
Sabía usted que los arrieros acostumbran poner anteojeras a las mulas para que sólo puedan mirar hacia adelante, de ahí nace la expresión popular de «tapar el ojo al macho». Ésta hace hincapié de no buscar distraer la atención, desde luego para que no se vea lo que no conviene. Pues algo así está pasando en la SEP que dirige Leticia Ramírez Amaya. Resulta que el presidente López Obrador piensa que, con pláticas de maestros a alumnos, el problema de las drogas puede comenzar a resolverse en nuestro país.
El que de plano anda nadando a contracorriente como salmón canadiense, es el presidente de la Junta de Coordinación Política del senado, Ricardo Monreal, quien a pesar de saber que el presidente López Obrador y su paisano Adán Augusto buscan sepultar a piedra y lodo al INAI, éste promete que esta semana se hará un nuevo intento para destrabar los nombramientos pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, que mantienen al pleno de ese órgano autónomo sin el quórum requerido para sesionar.
Al verse exhibido por su propio secretario de Gobernación, al presidente Andrés Manuel López Obrador ya no quedo otra más que sacar el hacha y declarar abiertamente la guerra contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Acorralado y puesto contra la pared, el mandatario federal afirmó que el instituto no ha ayudado en nada en combatir la corrupción, sino que al contrario, ha ayudado a legitimar robos y ocultar información.
Desde que era candidato a la presidencia de México, López Obrador prometió que con su gobierno íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. ¿Por qué escogió el de Dinamarca? Pues porque es uno de los sistemas de salud más exitosos de Europa. No se cansa el presidente de prometer eso, pero no quiere abrir los ojos y darse cuenta que el sistema de salud en México está en condiciones paupérrimas. Por ejemplo, reporta el periódico Reforma sobre el gran desabasto que hay en las medicinas, lo que provoca que muchas recetas no se surtan.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el primer paso para invalidar el control militar de la Guardia Nacional. Por nueve votos a favor y dos en contra, el pleno aprobó la primera parte del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, el cual propone invalidar la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los dos votos en contra del proyecto del ministro González Alcántara fueron de Arturo Zaldívar y de Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria.