Huachicol y corrupción crecen rápidamente con AMLO

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / AUNQUE EN el discurso presidencial se acabó el huachicol y la corrupción, dos males que según el Ejecutivo Federal agobiaban a México provocándole grandes pérdidas, lo cierto es que la madrugada de este domingo Puebla, concretamente la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehucán fue escenario de una explosión en ductos de gas LP ordeñados clandestinamente, con dos explosiones que dejaron al menos un muerto y 15 personas heridas, de las cuales 11 se encuentran graves internadas en un hospital, por lo que hasta la tarde de este día continúan las acciones para mitigar los riesgos que afecten a la población. Autoridades de los tres niveles de gobierno siguen en la zona cero, además de que alrededor de 2 mil personas fueron evacuadas y llevadas a cuatro refugios temporales activos. Se sabe que hay personas intubadas y con quemaduras de segundo y tercer grado. Y es que en México, contra lo que asegura el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el huachicol sigue activo en esa zona y en varios Estados del País, a tal grado que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) aseguran que las tomas clandestinas para el robo de gas LP siguen aumentando de manera acelerada, pues tan sólo en 2020 dejó pérdidas por más de 30 mil 168 millones de pesos, 128 por ciento más que el año pasado (2019), lo cual demuestra que la delincuencia organizada ya se adueñó de una parte importante del mercado. Contrario a lo que se ha logrado con la reducción de las perforaciones ilegales para el robo de gasolinas y diésel, en el caso del gas LP siguen aumentando, pues éstas pasaron de 13 mil 136 a 23 mil 323, es decir, 77.6 por ciento más, lo cual pone en riesgo no sólo la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex).

SEGÚN LOS datos de Amexgas (que contradice el discurso triunfalista de López Obrador que, por lo visto, no está dispuesto a contrarrestar las acciones de la delincuencia organizada acaso por comodidad), “se han formado agrupaciones y seudosindicatos que pretenden mediante acciones violentas controlar las zonas de reparto. Las tomas clandestinas y las pérdidas económicas por el robo de ese combustible son las más altas de la historia, provocando una afectación directa, no sólo a la petrolera, sino también al Estado por una menor captación fiscal, además de generar una distorsión del mercado que será difícil de revertir. La Amexgas detalla que en 2019, el robo por mes fue de 58 mil toneladas, equivalente a un valor de mercado de 13 mil 224 millones de pesos durante todo el año. Sin embargo, en 2020, el hurto fue de un promedio de 102 mil 950 toneladas mensuales, lo que provocó una pérdida de 30 mil 168 millones de pesos al año, lo cual significó un aumento de 128 por ciento o 16 mil 944 millones de pesos que fueron directamente a los bolsillos de la delincuencia organizada. Ese incremento tan fuerte se explica por el desafortunado crecimiento del 77 por ciento del número de tomas clandestinas del 2020 y por el incremento de los precios internacionales de los energéticos ese año. Lo cierto es que actualmente ese delito se concentra en diez Estados, como son Puebla, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Tabasco y Chiapas, siendo estas las áreas de mayor conflicto no sólo por su cercanía con los ductos de Pemex, sino también por ser la zona con más demanda. Por ello la organización considera necesario aplicar medidas más efectivas, de inteligencia y operativos de seguridad que permitan restablecer el estado de derecho y brindarle a la sociedad un entorno de estabilidad y seguridad.

Y ES que en las últimas dos décadas ese delito ha crecido de manera paulatina, pues entre 2012 y 2018 las tomas clandestinas del ducto principal de Pemex se incrementaron 750 por ciento, acumulando 41 mil 316 tomas a lo largo del sexenio. Sin embargo, en los últimos tres años, las perforaciones sumaron 49 mil 40, lo que representa el 59 por ciento de todas las tomas acumuladas en los últimos 20 años. Esta situación provocó que el año pasado uno de los principales ductos de la empresa, por donde se transporta el gas permaneciera fuera de operación 140 días, lo que implicó mayores costos de mantenimiento, y el riesgo e impacto en generar posibles desabastos para la población. A la afectación económica que está generando a Pemex, al estado y a los distribuidores, también se suma el daño que ocasiona la distribución ilícita a la sociedad, lo cual está causando un impacto aún mayor al provocar inseguridad para los gobernados, riesgo de accidentes, amenazas, extorsión, lesiones, control de rutas, al igual que tratan de eliminar la libre competencia al pretender fijar precios altos para el consumidor en rutas “protegidas”, la falta de certeza jurídica, desinversión en infraestructura indispensable para garantizar el abasto en el mediano y largo plazo.” Según la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en México casi el 80 por ciento de la población utiliza el gas LP como energético principal.

AHORA QUE en materia de corrupción, se sabe que el Gobierno Federal usó de manera irresponsable 125 mil millones de pesos de los fondos de estabilización, dinero que se desconoce en qué fue empleado, esto a pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador jura y perjura que la corrupción ya se terminó, y que sus colaboradores son blancas palomas incapaces de manchar su plumaje. En ese contexto, el diputado del PAN y secretario de la Comisión de Presupuesto, Héctor Saúl Téllez acusa que el actual gobierno Federal usó de manera irresponsable 125 mil millones de pesos de los fondos de estabilización, pues explica que tras haberse revisado la cuenta pública de 2019 se determinaron una serie de anomalías por parte del gobierno federal, ya que no se logró comprobar el gasto de más de 100 mil millones de pesos. Y las principales anomalías fue en los programas insignia del presidente López Obrador, como son: Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Becas para Adultos Mayores, así como con los Servidores de la Nación.

EN TODOS esos programas sociales “se encontraron anomalías superiores a 4 mil millones de pesos, recursos que fueron desviados y no se comprobó en qué se usaron». El legislador panista dijo que los fondos de estabilización, que fueron creados durante la administración de Vicente Fox (2000-2006), son «algo así como los ahorros de todos los mexicanos y que se emplean en caso de una emergencia», pero, aclaró, el problema es que en 2019 no hubo ninguna crisis. Expuso que muchas veces lo que hacen los gobiernos es hacer sobreestimaciones y al saber que no llegarán a lo planteado, usan esa clase de fondos y terminan destinando esos dineros en otros rubros, porque «no se tienen que justificar ante la Cámara de Diputados». Además, el gobierno de López Obrador había previsto la generación de 1.8 millones de barriles diarios, pero sólo produjeron 1.7 millones de barriles diarios, lo que representó pérdidas millonarias para Pemex, y aun así en la cuenta pública de este año se le vuelven a inyectar 97 mil millones de pesos a Petróleos Mexicanos, lo que no tiene lógica». En fin, ni discurso ni corrupción están erradicados en México, solo hay nuevas formas de cometerlos. OPINA [email protected]