La compra de medicamentos, otra decepción

Medicamentos
Carlos Lomelí Bolaños FOTO: WEB
- en Opinión

Arturo Reyes Isidoro / Lo que pudieron haber hecho ellos si estuvieran haciendo las cosas con transparencia, haber informado puntualmente a la población, lo tuvo que dar a conocer un organismo privado.

Ayer gracias a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) nos enteramos que apenas 20 días después de que entró en funciones el nuevo gobierno del Estado adjudicó un contrato sin licitar, en forma directa, por 36 millones 578 mil 757 pesos a la empresa farmacéutica Abisalud, que forma parte de un emporio cuyo socio principal, Carlos Lomelí Bolaños, es el súper delegado del gobierno de Morena en Jalisco.

MCCI es una asociación civil sin fines de lucro, comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México a través de una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado del país y cuya misión es contribuir de manera decisiva desde la ciudadanía a combatir la corrupción.

Sería, pues, la aliada natural del presidente Andrés Manuel López Obrador cuya divisa principal es el combate a la corrupción, por lo que la investigación profesional, completa, de Valeria Durán y Laura Sánchez, de MCCI, lo pone en entredicho pues aparte de que a todas luces está beneficiando a un funcionario que él mismo nombró, es decir, quien estaría impedido para participar en el negocio por un conflicto de interés, ha sido objeto también de señalamientos por parte de autoridades del país y de Estados Unidos.

En México tanto en el Congreso federal como en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), las empresas de Lomelí Bolaños han sido señaladas de vender medicamentos falsos y con sobreprecios, mientras que en Estados Unidos el Departamento del Tesoro vinculó a una de sus empresas con el desaparecido cartel de los Amezcua Contreras, conocidos como Los Reyes de las Metanfetaminas, y a otra con una organización vinculada con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Y resultó que tanto el gobierno federal como el de Veracruz tienen tratos comerciales con él. Extrañamente ayer tanto uno como el otro guardaron silencio en cuanto al tema no obstante que el diario El País amaneció con esa publicación por lo que a la hora de la conferencia mañanera de AMLO ya circulaba por todo el país y en las redes sociales.

Surgen muchas preguntas: ¿por qué a esa empresa?, ¿bajo qué condiciones?, ¿deja algún beneficio a las finanzas del Estado?, ¿la decisión en Veracruz la tomó el gobernador o le instruyeron de la Ciudad de México que lo hiciera?, ¿por qué no se licitó el contrato?, ¿sabían en el Palacio de Gobierno los antecedentes del súper delegado y los señalamientos en su contra?

Pero otra pregunta, preocupante, es ¿por qué si el contrato se hizo el 20 de diciembre del año pasado, hace cinco meses, hay quejas constantes de que no hay medicamentos en los hospitales públicos del Estado?

El 27 de febrero pasado, con el encabezado “El Sector Salud, grave” publiqué en “Prosa aprisa” que el propio secretario del ramo, Roberto Ramos Alor, había declarado que existía desabasto de medicamentos en todos los hospitales del Sector.

Lo atribuyó a que no había recursos económicos para su compra (nota de Sarah Landa, alcalorpolitico.com, 25/02/2019). Tampoco titubeó al confesar que no tenían para cuándo podrían cumplir la meta de tener un abasto de 90 por ciento, y que solo contaban con 40 por ciento.

Ante el contenido de la columna de entonces, se supuso que lo reconvinieron porque de inmediato lo enviaron a recorrer hospitales desdiciéndose, y difundieron fotografías muy similares a otras que ya habían enviado antes donde se le veía en un vehículo presuntamente bajando cajas de medicamentos. En cuestión de horas había cambiado su versión asegurando que no había desabasto.

Pero un día antes, el 26 de febrero, pacientes del Centro Estatal de Cancerología (CECAN) y de la asociación civil Ayúdame Hermano Tengo Cáncer (AHTECA) habían protestado en la Plaza Lerdo para exigirle al gobernador Cuitláhuac García que solucionara el problema. Aseguraban que hacía dos meses que no había medicamentos.

El miércoles 27, en el puerto de Veracruz, pacientes encabezados por la periodista Marichuy Caretta Contreras protestaron en el Hospital de Alta Especialidad por el mismo motivo.

El 10 de marzo, Isabel González Sicilia, presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) en Veracruz, denunció que el desabasto de medicamentos afectaba a niñas y niños de toda la entidad veracruzana.

El 9 de abril, con copias de oficios internos de fecha 29 de marzo, publicados en La Jornada Veracruz, se dio a conocer que ante la falta de medicinas que enfrentaba la Secretaría de Salud (SS), en el Hospital Regional de Coatzacoalcos Valentín Gómez Farías se habían visto en la necesidad de solicitar «prestados» al IMSS y al Issste, algunos medicamentos para poder brindar la atención a los pacientes.

El 10 de abril, el presidente de la asociación «Amigos del Parkinson», Carlos Platas Meneses, señaló que continuaba la escasez de medicamentos tanto en hospitales de la Secretaría de Salud como en las clínicas IMSS y en el Hospital Regional de Veracruz. También afirmó que el problema tenía ya cinco meses.

El 7 de marzo, trabajadores del Hospital Civil “Luis F. Nachón” de Xalapa amenazaron con tomar las instalaciones de los Servicios de Salud ante la falta de insumos y medicamentos.

Las quejas continúan.

¿Por qué la anomalía cuando ahora sabemos que existe un contrato por un monto multimillonario para la compra de medicamentos? ¿Ha incumplido la empresa? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo?

El Secretario había hecho una sugerencia

Por aquellas fechas cuando el secretario Alor aceptó en declaraciones de prensa que había desabasto, adentro del gobierno se conoció la versión de que en una reunión con el gobernador Cuitláhuac García le había sugerido que su administración comprara directamente los medicamentos porque el problema era muy preocupante, pero que su jefe le había respondido que no, que hasta que los enviara el presidente.

Esto haría suponer que el gobierno federal concentró las compras, hizo que los gobiernos de los estados firmaran contratos (también compraron a la misma empresa los estados de Jalisco, Chihuahua, Nayarit, Sonora, Aguascalientes, Estado de México y el gobierno de la Ciudad de México) y en el caso de Veracruz estarían a la espera de que el gobierno de AMLO les envíe su pedido.

La espera se puede complicar si el gobierno de López Obrador decide desconocer los tratos con el empresario Lomelí Bolaños para salvar su imagen, pero mientras, cientos, miles de pacientes veracruzanos tendrán que seguir esperando, si es que no se les complica su estado de salud.

Otra decepción, otro desencanto. Ahora solo falta que terminen acusando a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de ser un organismo fifí, conservador.

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