Irineo Domínguez Méndez / El diccionario de la real academia define la palabra “indebido” como: Ilícito, injusto y falto de equidad. Entonces, las conductas de algunos que encabezan el poder judicial en el estado de Veracruz, pudieran ser calificadas como indebidas. Esto es así, por la existencia de señalamientos que magistrados se endilgan unos a otros. Señalamientos que son fortalecidos por las denuncias de trabajadores que se percatan de hechos reprobables. La presidenta, principalmente, recibe “advertencias” (por no calificarlas de amenazas), que son de carácter civil como penal. La violación del debido proceso en la aplicación de las normas que regulan la vida de ese poder son una constante.
¿Puede existir credibilidad en que ese poder proveerá de justicia pronta y expedita a los ciudadanos? Recurrir a un juzgado, actualmente, es enfrentarse a un sinnúmero de contrariedades; las que se han acentuado por la pandemia. La mayoría de los abogados se queja por la falta de sistemas digitalizados que coadyuve a acelerar los procedimientos en todos los litigios. Estos enfrentan problemas para solventar gastos de oficinas y de pago de asistentes. El cierre de juzgados incrementa tal problemática. Los únicos que no tienen problemas económicos son los magistrados y el personal que labora en el poder judicial.
Responder la pregunta resulta difícil. Al observarse violaciones de derechos que hacen unos magistrados en contra de otros provoca que los justiciables desconfíen más de los ellos; pues, en situaciones “normales”, muchas veces perciben indebidas las resoluciones que recaen sobre sus demandas. Ahora, la zozobra es mayor, toda vez que los magistrados, seguramente, están más preocupados en preparar una defensa personal por las “advertencias” recibidas que en ocuparse por impartir justicia a quienes pagan sus elevadísimos salarios.
El poder judicial está mostrando su verdadera cara a la población: la lucha interna por el poder, la cual es intestina. El presupuesto aprobado para el año 2021 ascendió a $1,614,280,299.00. Tal presupuesto, se presume, resulta atractivo para ejercerlo de manera “personal” y no compartida; a menos que sea con cómplices que avalen irregularidades. Todo lo que antes estaba oculto ha sido descubierto por las magistradas que sufren acoso laboral, por decirlo de alguna forma. Las malversaciones de recursos quedaron comprobadas al darse a conocer que, al mes de julio, ese poder “gastó” todo su presupuesto, sin importar que, en el mismo mes, ese poder aprobara su plan de eficiencia de recursos y austeridad; pues, ya carecía de lo que cacaraqueaba.
Los señalamientos de magistradas por las irregularidades detectadas motivaron la sustitución de la anterior presidenta del tribunal superior. Sin embargo, “les salió el tiro por la culata”; el remedio empeoró al enfermo; por tal razón, volvieron a señalarse más y nuevas irregularidades que desembocaron en el despido injustificado de una de ellas y el cambio de adscripción de otra. Las vendettas son inmediatas y radicales.
Han solicitado 500 millones para solventar sus desvíos sin que se conozca denuncia alguna en contra de responsables. El despotismo practicado es otro ilícito sin castigo. La impunidad y corrupción son las coronas que sobresalen del poder judicial de Veracruz. ¡El pueblo que se joda y siga pagando! Ojalá AMLO se enterara.
Otro sí digo. – La última instancia electoral ha resuelto impugnaciones y declarados ganadores en varios municipios; sin embargo, el OPLE de Veracruz omite hacer del conocimiento público la asignación de regidurías.
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