Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. «El que nada debe, nada teme», expresó el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la diputación federal por Xalapa Rural, Miguel Castillo, sobre los recientes hechos de violencia contra candidatas y candidatos en el estado de Veracruz.
En conferencia de prensa, dijo estar consciente de la inseguridad que prevalece en la entidad y en el país por la falta de estrategias y políticas públicas que realmente hagan frente la problemática.
Sin embargo, indicó que no solicitará seguridad especial para garantizar su integridad y la de su equipo de trabajo, durante su recorrido en todo el distrito electoral, pese a que se han dado agresiones contra aspirantes de su mismo partido.
«En mi casa, que yo creo que la familia es la base de todo, me enseñaron que el que nada debe, nada teme. Yo me he portado bien con todo mundo y camino con la frente en alto, no traigo nada que me proteja, ningún arma ni nada», enfatizó.
El candidato señaló que la seguridad es uno de los principales temas que tienen que mejorar en la República Mexicana.
«Es una de las cosas que tienen que mejorar en el país, en México. El tema de la inseguridad es un tema muy fuerte y seguramente habrá que hacer muchas cosas en ese sentido».
Recientemente, se registraron por lo menos tres acontecimientos de violencia política electoral en la entidad veracruzana.
La madrugada del pasado 6 de abril fue baleada la fachada de la vivienda de Amairani Patraca García, precandidata a la presidencia municipal de Chinameca por Movimiento Ciudadano, donde habita con su esposo José Antonio Carmona Trolle, actual alcalde de dicha demarcación.
Por su parte, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlón Ramírez Marín, reportó un ataque a la propiedad de su candidato a la presidencia municipal de Carlos A. Carrillo, Onán Hernández López, lo que consideró como una amenaza.
También el líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, acusó que el candidato del Sol Azteca a la presidencia municipal de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez, fue detenido de manera ilegal, la mañana del 7 de abril, y lo consideró un preso político.
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