Nahle: cuando la soberbia atrofia el entendimiento

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / EL PROBLEMA de los Presidentes autoritarios con ínfulas de dictadores trasnochados va más allá de si mismos. Y es que ese mal se contagia como un virus maligno entre los colaboradores del tirano que buscan imitarlo, deformando la ley y los mandamientos de la Constitución en torno a la separación de poderes que, no es otra cosa que un procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. En México la división tradicional se ha basado, por lo tanto, en la existencia de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control, y ninguno de estos debería estar por encima del otro. Y es que la división de poderes forma parte inexcusable de la arquitectura del Estado liberal de Derecho que, con transformaciones sucesivas, ha llegado hasta nuestros días, y que todavía hoy, superando problemas contingentes de absolutismo y despotismo, permite asegurar a los ciudadanos su libertad política. Por ello, cuando la soberbia Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, azuzada por el Presidente en turno dice que el juez que echó abajo, provisionalmente, la reforma a la de la Industria Eléctrica “no tiene ni idea”, ya que en menos de 24 horas, sin un estudio previo, sin tiempo de análisis otorga de facto esa resolución, está criticando la autonomía e independencia del Poder Judicial, olvidando que ella es solo parte del Ejecutivo, aunque no parte determinante de este sino empleada de quien representa a ese poder que es el Presidente Andrés Manuel López Obrador (sobre quien recae, única y exclusivamente el poder), y peor aún, cuando arropada por el mandatario dice que irán contra el juzgador Juan Pablo Gómez Fierro, como si este fuera su empleado. “Vamos a pedir una revisión al Consejo de la Judicatura sobre el actuar de este juez”, indica, cuando eso debió decirlo su jefe y no una colaboradora sin representatividad.

QUIZA POR esa razón, porque al rato cualquier pelagatos del ejecutivo va a exigir a jueces y magistrados que se sometan, es que el magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Fernando Saldívar Lelo de Larrea le respondió de paso al Presidente Andrés Manuel López Obrador y no directamente a Rocío Nahle que no le significa nada, respeto a la “autonomía e independencia” del Poder Judicial, ya que AMLO horas antes le había pedido, también, investigar al juez cuya resolución dijo en una carta que leyó en la mañanera “fue de manera veloz y se cumplió como pocas veces de que la justicia tiene que ser expedita”. López Obrador dijo que “hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos, pero aquí fue vía rápida”, y advirtió “vamos a tratar sobre este tema siempre respetuosos de la autonomía del Poder Judicial (así si camina la ley) y desde luego del respeto al derecho de amparo, sin embargo, pues también en uso de nuestras facultades de expresarnos y manifestarnos”. Por ello el Presidente pidió investigar la actuación de juez y que el Consejo de la Judicatura «determine e informe si la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficial la suspensión a quienes lo solicitaron y si es de su competencia resolver sobre este caso, asimismo si mi petición es procedente solicito que el Consejo de la Judicatura Federal lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez» (que freno el pasado 11 de este mes la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica bajo el argumento de que podría llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico, además de que puede producir daños inminentes e irreparables al medio ambiente, toda vez que fomenta la producción y el uso de energías convencionales que desincentivan la producción de energías limpias, y genera incertidumbre, según dejó en claro Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con jurisdicción en toda la República).

POR ELLO Arturo Zaldívar respondió este lunes a la carta que el presidente López Obrador le había enviado al Poder Judicial: “como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia”, expresó el ministro Presidente en la misiva hecha pública por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), donde también es el presidente del Pleno, y le recuerda a AMLO que “corresponde al CJF velar porque puedan hacerlo con libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadora se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad. Seguiremos cumpliendo con esta encomienda”. Además, Zaldívar aseguró que la carta de López Obrador y su queja serán remitidas al área correspondiente del CJF, la cual coordina el trabajo de todos los jueces federales en el País, y que, en caso de que sea procedente, se abrirá una investigación con “pleno respeto a la autonomía independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen”.

PERO EL tema nos lleva a otro dilema: la soberbia de Rocío Nahle al reclamar ipso facto al Juez que echó abajo la reforma a la ley de la industria eléctrica, cuando en dado caso le correspondía al Presidente Andrés Manuel López Obrador hacerlo, lo que invita a reflexionar en torno a los alcances de esta mujer en caso de ser nominada candidata al Gobierno de Veracruz en el 2024 y, por alguna razón gane la elección. La señora no solo sometería a los Poderes Judicial y Legislativo –como ya sucede actualmente con Cuitláhuac García Jiménez-, sino a la propia Fiscalía General del Estado desatando una represión sin precedente contra todos los que se opusieran a sus caprichos, pues esta visto que no conoce más límites en la Constitución que los que le dicta su egocentrismo y arrogancia.

ALGUIEN DEBE decirle que la división de poderes es lo que permite asegurar a los ciudadanos su libertad política, pues tiende un puente entre los conceptos de Estado de Derecho y democracia, impidiendo ciertos excesos en su disociación y contribuyendo a superar una desfasada polémica. Lleva a rechazar un entendimiento formalista del Estado de Derecho, desprovisto de contenidos materiales, un falseado Estado de Derecho sin democracia, tanto como obliga a desechar una comprensión de la democracia constitucional fundada exclusivamente en la consagración de la regla de la mayoría sin ulteriores limitaciones. Afortunadamente para las minorías y para la dignidad de la persona, de la que emanan los derechos fundamentales, las cosas son más matizadas y complejas en el Estado constitucional. Pues sin el juego de las diversas reglas de la división de poderes no existe ni Estado de Derecho ni democracia. Así las cosas. OPINA [email protected]