¿El Covid-19 liberaría a Duarte?

Fiscales
Javier Duarte FOTO: DIARIO DE YUCATÁN
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez / 

Prefacio.

En el corte del gobierno federal hasta la noche de este jueves, el número de casos confirmados de la nueva cepa de coronavirus Covid-19 aumentó a 6 mil 297 en todo el país. Los casos sospechosos se ubicaron en 12 mil 340 y otros 26 mil 511 se descartaron. *** El doctor José Luis Alomía, Director de Epidemiología, explicó que más estados empiezan a tener “coloración naranja”, lo que los sitúa por encima de los cien casos. *** En función del número de habitantes, Baja California Sur, Ciudad de México y Quintana Roo comandan la tasa de incidencia de casos confirmados por el coronavirus. *** Del total de municipios que tiene el país (dos mil 470), el 19.6%, tienen al menos un caso confirmado de Covid-19. Este dato es relevante, pues será un factor que se habrá de monitorear para tomar la decisión del levantamiento de la cuarentena en las dos fechas tentativas: 17 y 30 de mayo.

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Este jueves, y a pesar de la contingencia sanitaria por el virus Covid-19, el Senado de la República convocó a una sesión para el lunes próximo al mediodía, con el único objetivo de aprobar la Ley de Amnistía.

La urgencia del presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, tiene que ver con el “respetuoso llamado” que hizo la mañana del miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En realidad se trata de una iniciativa enviada por el Presidente (con calidad de “preferente”) desde septiembre del 2019 y tenía como fin responder a una promesa de campaña, cuando López Obrador habló de que había mucha gente injustamente en prisión.

En la propuesta del Presidente, en el Artículo Primero se plantean quiénes serían los beneficiarios de dicha ley:

Quienes estén siendo imputados por delitos relacionados con el aborto; aquellos señalados por delitos contra la salud, pero especialmente quienes se ubiquen como personas en situación de pobreza o extrema vulnerabilidad; las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y que no hayan contado con intérpretes o defensores con conocimiento de su lengua y cultura; quienes cometieron robo simple y sin violencia, que no amerite prisión de más de cuatro años; los acusados de sedición, mientras no se trate de terrorismo y no se haya producido la muerte, lesiones graves o se hayan utilizado armas de fuego.

El Artículo 2 de esa misma iniciativa deja claro quiénes no podrán gozar de estos beneficios:

Los que hayan cometido delitos contra la vida y la integridad corporal; los secuestradores, los que hayan utilizado armas de fuego en la comisión del delito; aquellos contemplados en el Artículo 19 de la Carta Magna (abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, desaparición forzada de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército) y todos los que hayan cometido delitos graves del fuero federal.

Ahora bien. Dicha iniciativa fue presentada el año pasado, cuando no se tenía la menor idea de que a estas alturas estaríamos enfrentando la más grave emergencia sanitaria en muchas décadas y es precisamente esa circunstancia la que mueve al gobierno a buscar que se agilice su aprobación.

Por lo mismo, el dictamen que se ponga a consideración de los senadores debe considerar las actuales circunstancias y agregar como elemento determinante para cada caso, el que los reos se ubiquen en situación de alta vulnerabilidad ante el Covid-19, esto es las mujeres embarazadas, hombres o mujeres mayores de 60 años de edad y aquellos que padezcan alguna de las enfermedades de mayor riesgo (diabetes, cáncer, VIH, obesidad o enfermedades renales, entre otras).

En esa circunstancia cabría la posibilidad de que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se pudiera acoger a dicha Ley pues, contrario a lo que se pudiera suponer, él no está sentenciado por alguno de los delitos incluidos en el Artículo 19 (los delitos que se le atribuyen son lavado de dinero y asociación delictuosa), está confirmada su situación de “primo-delincuente” (es la primera ocasión en que se le sentencia por cometer algún delito) y se le ubica en condición de riesgo frente al Covid-19, por sus problemas de obesidad y de presión arterial.

Todo dependerá de las modificaciones que se le hagan a la iniciativa del Presidente, con el fin de dar prioridad a los casos de alta vulnerabilidad.

Otras opciones podría ser que durante el período que dure la emergencia sanitaria se le traslade a un centro hospitalario, o que le modifiquen la medida cautelar y le otorguen prisión domiciliaria.

¿Se aventará ese “trompo a la uña” el Presidente?

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Epílogo.

La mañana de este jueves el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que la Jornada Nacional de Sana Distancia para enfrentar la epidemia de Covid-19 se prolongará hasta el 30 de mayo, un mes después del plazo original, para reanudar actividades el primero de junio, aunque en 979 municipios, donde la incidencia es menor, la reclusión cesará el 17 de mayo. *** El funcionario pronosticó que el “pico máximo” de expansión de la enfermedad se daría entre el 8 y el 10 de mayo y que es posible que el 25 de junio se declare el fin del primer ciclo, al agotarse el 95% de los casos esperados. *** Anunció que en estos meses se habrán de regionalizar las decisiones sobre el manejo de la epidemia, porque hay zonas sin transmisión y otras de una alta intensidad. *** En el estado de Veracruz, los municipios en los que no se podrán reanudar actividades antes del primero de junio, son Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Poza Rica, Xalapa, Córdoba.  Alvarado, Emiliano Zapata, San Andrés Tuxtla, Tlacotalpan, Amatlán de los Reyes, La Antigua, Coatepec, Coscomatepec, Fortín, Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán, José Azueta, Martínez de la Torre, Medellín, Orizaba, Perote, Río Blanco, Santiago Tuxtla, Tantoyuca, Tuxpan y Úrsulo Galván, pues en todos ellos se tienen registros de presencia del virus. *** Otros municipios con “casos sospechosos” o con gran cercanía a las zonas de alto riesgo, que tampoco podrán levantar la cuarentena en mayo, son: Minatitlán, Cosoleacaque, Cosamaloapan, Puente Nacional, Agua Dulce, Actopan, Lerdo de Tejada, Coatzintla, Jáltipan, Papantla, Paso del Macho, San Rafael, Tierra Blanca, Tres Valles, Las Vigas; Acayucan, Acultzingo, Amatitlán, Atzacan, Ayahualulco, Banderilla, Carrillo Puerto, Catemaco, Chacaltianguis, Gutiérrez Zamora, Hueyapan, Ignacio de la Llave, Ixhuatlán del Sureste, Jamapa, Jilotepec, Purga, Nanchital, Naranjos, Nogales, Pánuco, Perote, Rafael Delgado, Tehuipango, Tezonapa, Tihuatlán, Tlacotalpan, Tlapacoyan, Tomatlán, Yanga y Zongolica.

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