Todo abogado, es más, cualquier alumno de bachillerato, sabe muy bien que el gobierno constitucional mexicano está dividido en tres poderes; Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Cada uno cuenta con su estructura y espacio de acción y, sobre todo, tiene su propia autonomía para el mejor funcionamiento y beneficio de los gobernados. Pero cuando uno de ellos es rebasado o supeditado a otro, se genera un ambiente de enfrentamiento que finalmente termina perjudicando el orden constitucional.
En Veracruz, el gobierno entrante, en voz del mandatario Cuitláhuac García, está empecinado en remover al fiscal general Jorge Winckler, de filiación panista. Tenga razón o no, debe hacerlo de acuerdo a los términos de ley. No obstante, el error de García Jiménez es que primero lo está haciendo en los medios de comunicación y no en las instancias correspondientes. Es cierto que debe informar a los veracruzanos, pero debe hacerlo completamente y no a medias.
Por otro lado, aparece como señora metiche el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Javier Gómez Cazarín a declarar: «Quisiera que Winckler se fuera esta semana». Este diputado olvida la constitucionalidad y el cargo que representa, es cierto, tiene derecho a expresar lo que le venga en gana, pero por su cargo legislativo, deberá pensar bien lo que dice. Debe entender que sus declaraciones deben contribuir a generar un ambiente de armonía constitucional. Aunque eso sea como pedirle peras al olmo. Y todo por querer pasar como quedabién con su amigo el gobernador.
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