Rafael Pérez Cárdenas / Ávidos de protagonismo, los diputados locales azulcremas (PAN-PRD) tienen una capacidad infinita para meter en aprietos al mandatario estatal. Así, mientras el Fiscal del Estado sostiene un debate epistolar con Isabel Miranda de Wallace sobre las cifras de secuestros del último año y el Sistema Nacional de Seguridad Pública confirma más de mil 500 ejecuciones tan sólo en 2017, la diputada Marijose Gamboa dio a conocer que podrían ser más de 15 mil los desaparecidos en Veracruz durante la última década.
A la luz de estas cifras –secuestros, homicidios y desapariciones- Veracruz pinta como un verdadero infierno azul. Así, hasta el propio pre candidato al gobierno del estado Miguel Ángel Yunes jr. ha tenido que salir a defender a su papá, luego de que había intentado tomar distancia. Sin embargo, la lumbre ya lo está alcanzando.
Es evidente que este número de desaparecidos no corresponde sólo al gobierno de Yunes Linares; se trata de un largo proceso como resultado de la guerra contra la delincuencia organizada que inició Felipe Calderón. Un fenómeno que ni Fidel ni Duarte ni Yunes han podido contener. No obstante, el número de secuestros y de ejecuciones –los más altos desde que se lleva este registro-, son responsabilidad directa de la actual administración.
Las cifras que se dieron a conocer ayer sobre el número de desaparecidos es por demás escalofriante. Y tiene varias lecturas: en principio, esta cantidad de personas representa el número total de habitantes de municipios como Tlaltetela, Chiconquiaco, Jilotepec o Juchique de Ferrer; es decir, se trata de la desaparición de poblaciones completas, como si se tratara de exterminio racial.
El segundo punto es que la declarante no aportó la fuente ni la metodología que la llevó a esa cifra, a menos que la haya obtenido “off de record” de la propia Fiscalía General del Estado, donde no tiene precisamente a sus mejores amigos. No saber de dónde viene esa cifra sólo inquieta a miles de víctimas que siguen esperando una respuesta –antes como ahora- de la investigación que los pueda llevar a saber el destino de su familiar. El dato al aire no ayuda a la certeza de las familias afectadas.
Y esta inquietud crece cuando la propia diputada local panista asegura que en la Fiscalía General del Estado sólo se tiene el registro de 3 mil 600 carpetas de investigación.
Aunque estas cifras sirvieron de contexto para señalar la importancia de impulsar una reforma para homologar la desaparición forzada en Veracruz –algo que no deja de ser tan relevante como necesario-, vuelve a traer los reflectores sobre el grave problema de seguridad que vive Veracruz.
En el caso del Fiscal General, nuevamente hizo una lectura torpe y apresurada de la denuncia que en la víspera presentó públicamente Miranda de Wallace, respecto del crecimiento en cerca del 500 por ciento en el número de secuestros en Veracruz durante el último año.
El tema podía ser por demás rebatible –en efecto, las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública no muestra tal crecimiento, a menos que se compare el primer año de cada administración-, sin embargo tiene razón la activista cuando refiere que la cifra negra de secuestros suele ser infinitamente mayor que la que se denuncia, luego de que las familias deciden pagar el rescate y no poner en riesgo la vida de un ser querido.
Y digo que la lectura fue torpe, porque mientras Miranda de Wallace goza de espacios gratuitos en medios nacionales –su causa está en la agenda informativa de todos ellos-, el fiscal veracruzano no tiene espacio suficiente para debatir ni siquiera en medios locales, esos que han sido desplazados por innecesarios.
Era lógico que la declaración de Wallace iba a tener resonancia nacional, mientras que al fiscal no lo iban a escuchar ni en la banqueta del arco sur. Además, como marca de la casa, Winckler volvió one more time endilgar la responsabilidad a Javier Duarte sin ofrecer prueba alguna de sus dichos. Acaso tuvo razón en pedir a la activista en que citara la fuente.
Tal vez por ello tuvo que salir a la palestra el mismísimo Miguel Ángel Yunes jr. para decir que la cifra de secuestros no era tan alta. La respuesta fue directa: las cifras son oficiales, enfóquense a erradicar secuestros.
Por último, el tema de los homicidios es verdaderamente alarmante. Las muertes siguen por doquier, incluso provocada por delincuencia común, como sucedió hace apenas dos días cuando un elemento de seguridad pública, miembro de la escolta del Secretario Téllez Marié, murió al enfrentar a delincuentes comunes que intentaron asaltar una tienda en el puerto de Veracruz.
La verdad, la testaruda verdad, echa por tierra el argumento de que se trata de malos contra malos. Y si no, que se lo pregunten a los policías que tienen que salir todos los días a rifarse la vida.
La del estribo…
- La tortuga y la liebre. Mientras los aspirantes priistas a la candidatura al Senado siguen deshojando la margarita respecto de sus reales posibilidades, los morenos Rocío Nahle y Ricardo Ahued andan en franca campaña al lado de Andrés Manuel López Obrador. Los días pasan y la ventaja que empiezan a tomar podría ser definitiva.
- Que Dante Delgado haya callado a Ricardo Anaya durante una entrevista muestra el nivel de ascendencia que tiene sobre él. Lo que ha sido un acto de sumisión respecto de la campaña electoral en Veracruz bien podría ser un cálculo político de no perder lo más por lo menos.
*Columna publicada originalmente para el portal Formato Siete
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