Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. Para exigir al gobierno de Javier Duarte que pague lo adeudado a la empresa TV Sureste de Minatitlán, el dueño de ésta, Gabriel Jiménez Rodríguez, y otros tres de sus trabajadores protestaron en Xalapa.
Bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez, lo que detonó el descontento social y casi culmina en una disputa entre manifestantes y conductores.
Mientras colocaban sus cámaras de video sobre la arteria vehicular, los automovilistas amagaban con aventarse y arrollarlos.
Ante el ruido de los cláxones, los manifestantes ofendieron a uno de los conductores, quien se bajó del coche y comenzó a grabar las groserías que le decían.
«Estos sí son de gobierno», gritaba el molesto conductor y señalaba a quienes entorpecían el tránsito vehicular.
El director de Política Regional, Julio Cerecedo, sentenció a los protestantes que si no liberaban la calle serían desalojados.
«Nos están amenazando, en este momento voy a llamar al Mecanismo de Protección Federal, traigo mi botón de pánico, vamos a decirle esto a la Policía Federal y a la Secretaría de Gobernación», amagó Jiménez Rodríguez.
De acuerdo con el propietario del medio de comunicación, el gobierno estatal le debe a TV Sureste desde 2014 por concepto de convenios publicitarios; recibía dinero para que publicar los boletines oficiales y limitarse a la labor crítica del periodismo.
«La cantidad la estamos guardando por seguridad de nosotros, tampoco es una gran cantidad, la verdad es que es irrisorio para lo que gastan en campañas y todas las barbaridades que hacen».
Aun cuando no se otorgó la liquidación correspondiente, negó que los empleados denunciaran a la empresa de Minatitlán, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que se respetaran sus derechos laborales.
«Nos han dado de poquito en poquito como si fuera un abono de Elektra y nos dejaron de pagar. Hemos recibido amenazas por habernos manifestado, nos secuestraron a una compañera, tuvimos que huir y no nos pagaron lo que gastamos».
El entrevistado negó que el medio de comunicación dependa únicamente de los convenios publicitarios con gobierno del estado y, pese a ello, no se pagó a los trabajadores.
Actualmente, sólo seis colaboradores se encargan del funcionamiento de la empresa y cuatro de ellos participaron en la manifestación, efectuada en la capital del estado.
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