Filiberto Vargas Rodríguez / En la tradición mexicana se conoce la expresión “dar atole con el dedo”, que significa timar o engañar.
Sólo así se puede calificar a lo que presentó la mañana de este lunes el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, como líneas de acción para “ajustarse el cinturón”.
Una vez más (han sido por lo menos tres las ocasiones en que se ha anunciado) se amenaza con congelar “las plazas vacantes”, como dando a entender que con esa medida se reduce el gasto en salarios, cuando es más que sabido que plaza que se congela es sustituida por un contrato de prestación de servicios.
Pretender que creamos que reciclando las hojas en las oficinas de gobierno, apagando un foco o cerrando una llave de agua habrán de lograr los ahorros que requiere el gobierno estatal para hacer frente a los compromisos que viene arrastrando, es tacharnos de… ingenuos.
Debió haber sido durante el fin de semana. La instrucción habría surgido desde la más alta posición de la administración estatal.
– Dile a Gómez Pelegrín que prepare una conferencia de prensa para el lunes en la mañana, temprano. Yo no voy a dar la mía.
– ¿De qué hablará el secretario, señor?
– ¡No sé! ¡A ver qué se le ocurre! Que hable de las medidas de ajuste al gasto, o alguna de esas tonterías.
¿Sabrá Antonio Gómez Pelegrín del Calvario que tuvieron que pasar los empleados del gobierno estatal que se acogieron al anterior Programa de Retiro Voluntario? Meses, años, pasaron para poder cobrar sus finiquitos.
¿Espera que ahora, cuando este gobierno está llegando al final, habrá quien se anime a tirar por la borda todos sus años de trabajo por una limosna que, además, no saben si la podrá cobrar?
¿La reducción de las prestaciones económicas para mandos medios y superiores será como la fallida cancelación de servicios de protección personal (escoltas) que se anunció hace algunos meses?
Este lunes la titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de la Secretaría de Hacienda, aclaró que la nueva Ley de Disciplina Financiera no contempla la obligación de las administraciones locales de liquidar sus adeudos con proveedores antes de que concluya su mandato.
La funcionaria explicó que dicha ley establece que los gobiernos locales deben liquidar su deuda con un plazo menor a un año antes de entregar el poder, pero se refiere exclusivamente a los créditos bancarios de corto plazo, no a los proveedores.
En 2004 Fidel Herrera se quejó de la deuda con proveedores que le heredó la administración de Miguel Alemán. En 2011, en el texto de su Plan Veracruzano de Desarrollo, Javier Duarte ubicó los “pasivos circulantes a proveedores, contratistas, prestadores de servicios y otros”, en 16 mil 196 millones de pesos, por lo que aplicó, de inmediato, un “programa de reconocimiento de deuda”, dando por hecho que muchos de los pasivos eran ficticios, que correspondían a obras no realizadas o productos no entregados.
Falta más de un año para que concluya la actual administración y los proveedores siguen inquietos. Temen, con justa razón, que los dejen colgados de la brocha. No hay ley que los defienda y las famosas medidas de disciplina financiera significan apenas un “mejoralito” para un paciente en estado terminal.
A ver qué otros chistoretes se les ocurren en los próximos meses para distraer la atención de lo realmente importante.
Comentarios