Para muchos defensores de derechos humanos y de los derechos de la infancia, el que el presidente haya minimizado el problema de los matrimonios forzados en Guerrero es un asunto grave, sobre todo porque de alguna manera justifica esa costumbre que lesiona los derechos de la infancia. Por ejemplo, se informó que en la comunidad de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande una menor de 14 años fue encarcelada por la policía comunitaria. ¿El delito? Pues la joven se fue a esconder a casa de un vecino porque no quería casarse con otro menor en un matrimonio forzado.
Los padres del contrayente ya habían pagado 200 mil pesos para que e matrimonio se consumara; el dinero no se lo dieron a la niña, sino al primo de la niña de 14 años, quien fungía como tutor de ella. Arbitrariamente la policía comunitaria arrestó al niño que le dio asilo, a un tío por mal informarla y a la madre.
De acuerdo con declaraciones de Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dado que la chica no tiene padre, «porque lo mataron, los padres del menor hablaron con un pariente de la niña y el domingo se formalizó la alianza a través de una comida; mataron una res sin que se hiciera la entrega de la adolescente. Ella desconocía su suerte, debido a que tiene una hermana mayor, pero la mañana del lunes se enteró de la verdad, por lo que se fue con un vecino para pedirle un carro y que la sacaran de la comunidad». Ese fue su delito, no querer casarse a os 14 años. Ah, pero dice el presidente que no hay problema, porque esa no es la regla.
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