Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. El Partido del Trabajo (PT) participa y se solidariza con los diputados locales electos y en funciones que tomaron el Palacio Legislativo.
El recientemente nombrado coordinador de la bancada petista en la próxima legislatura, Raymundo Andrade Rivera, indicó que los diputados de su partido se sumaron a esas acciones por las presuntas pretensiones del Partido Acción Nacional (PAN) de aprobar, de manera “fast track” iniciativas que afectaría al pueblo.
«Nosotros los diputados (electos) estamos de manera solidaria únicamente, en apoyo moral y apoyando a estos diputados que se largarán rifando en este momento, porque ya no quieren que se siga llevando el año de Hidalgo, todo a rapacidad, al robo de última hora, están jugando un papel importante nuestros diputados electos en la defensa del pueblo».
El Diputado local electo refirió que los legisladores panistas pueden promover que se celebre en una sede alterna la última sesión permanente programada para este martes a las cuatro de la tarde.
«Si se van a una sede alterna lo pueden hacer, desde luego, pero ustedes también ayúdennos divulgar eso, qué razón hay de una sede alterna, se están quemando, se están exhibiendo, que no quieren llevar una legislación correcta, quieren aprobar a como dé lugar los intereses del gobernador».
Asimismo, consideró que dicha protesta de Morena no se compara a la toma del Palacio de Gobierno por parte del PAN y el PRD, antes de que concluyera el pasado sexenio priista.
«Son temas diferentes, aquí la acción que están tomando nuestros diputados electos es en defensa de los derechos. No vemos una comparación, aquello fue una cuestión mediática, hasta el candidato Ricardo Anaya posando para la foto y tirándose».
Cabe mencionar que los diputados panistas denunciarán penalmente a quienes participen en la toma del Congreso local por el delito de sedición, mismo que está contemplado en el artículo 309 del Código Penal e impone de dos meses a seis años de prisión, una multa de hasta 80 días de salario mínimo y suspensión hasta por dos años en sus derechos políticos a quienes en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones.
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