Una de las características principales de los países totalitarios es la impunidad con que se conducen los funcionarios públicos. En México, cuando uno de sus miembros que conforman el gabinete es tocado por la prensa crítica o cuando es acusado de corrupción, se echa andar toda la maquinaria del sistema para proteger a uno de los suyos. Al menos eso se pudo ver en el Congreso Federal.
Los esfuerzos actorales baratos de Arely Gómez, como secretaria de la Función Pública, no convencieron a los diputados de oposición. Resulta que esta funcionaria, durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Anticorrupción y Transparencia de la Cámara de Diputados, adelantó: «Les comparto que se han detectado nuevos hallazgos que darán lugar al inicio de nuevos procedimientos».
Sin embargo, la funcionaria, no aclaró ni contestó las preguntas que le formuló la Comisión Anticorrupción y Transparencia de la Cámara de Diputados. No habló de contratos, mucho menos de financiamiento a la campaña de su jefe el presidente.
En otras palabras, la encargada de la Secretaría de la Función Pública dejó entrever que también está operando para que no se toque ni con el pétalo de una rosa al amigo presidencial, desde luego nos referimos a Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de Odebrecht.
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