Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. El 70 por ciento de las empresas de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Xalapa, Coatepec y Banderilla opera en números rojos por los adeudos del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Así lo reveló el consejero nacional de Canacintra, Carlos Salvador Abreu Domínguez, quien añadió que 280 de las 400 compañías de la región presentan un daño patrimonial grave, pues comenzaron a recortar su personal.
El entrevistado consideró que la única manera de solucionar el problema, es solicitar la intervención del gobierno federal para la creación de un Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
«Exhortamos nuevamente a la instancia federal a que se cree un Fobaproa jarocho porque esta administración que está por terminar al parecer no va a tomar la responsabilidad de pagar, creo que aquí lo que debe de hacer es intervenir la Federación para rescatar a las empresas veracruzanas».
Algunas empresas procedieron legalmente para obligar al gobierno que cumpla con sus responsabilidades.
«Ya hay algunas empresas que empezaron sus demandas, lo que estamos viendo es que el tema que van a demandar pero no les van a resolver en las próximas semanas, les van a resolver en los próximo años, les van a pagar en dos o tres años, obviamente esta administración ya no va a estar en funciones, va a estar una nueva».
El consejero nacional señaló que la conformación de un comité para dialogar y acordar pagos con el mandatario estatal y el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Antonio Gómez Pelegrín, en nada ha servido, toda vez que la liquidación del adeudo se sigue aplazando.
«No hay buenos resultados, no hay pagos, lo que está prometido ahí sigue en el limbo, estamos viendo con gran preocupación a amigos del sector empresarial, quienes tienen deudas reales con acreedores que no les han pagado», remató.
Lo que no dice es que la mayor parte de los adeudos son debidos a contratos hiperfraudulentos tales que los entregables no existen o en los que existen pero el valor de lo entregado es una pequeña fracción de lo facturado, y es jurídicamente imposible que le hagan pagar al nuevo gobierno deudas contra bienes imposibles de auditar o servicios que nunca se otorgaron y que hoy sólo existe el dicho de los empresarios, sin prueba de que realmente se hayan hecho para el beneficio del gobierno o los ciudadanos. Muchos empresarios honestos se negaron a colaborar con gobiernos tan corruptos y en condiciones tan desfavorables para la hacienda pública, así que de esas 280 empresas, tal vez 10 tengan litigios viables y los demás sólo es montonería y haberle apostado políticamente a quienes van hoy rumbo al basurero histórico.