Tomás R. Domínguez Sánchez / A lo largo de una semana se llevaron a cabo en la sede del Senado de la República las comparecencias de las y los candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cumplimiento a la normatividad que rige al proceso de selección, algunas sesiones fueron largas, otras no tanto, por ejemplo, con la primera candidata Sara Patricia Orea Ochoa no fue tan tardada y claro que no iba a serlo, ya que después de la lectura de un discurso perfecto, se pasó a la ronda de preguntas por parte de los legisladores y la sorpresa fue que cuando se cuestionó sobre algún precepto constitucional la candidata simplemente contestó que no se sabía de memoria los artículos de la Constitución Política Federal y que no podía dar contestación a esos cuestionamientos, esta comparecencia fue la que causó revuelo en redes sociales porque no es posible que cualquier prospecto, hombre o mujer, que compita para ocupar un cargo como es el de Ministro de la SCJN no puede permitirse desconocer preceptos constitucionales.
En la Segunda comparecencia que estuvo a cargo de Norma Lucía Piña, fue una tanto gris porque si bien es cierto que como todos los candidatos, presentó un discurso perfectamente elaborado, se agarró del tema que tiene que ver con el uso de la marihuana para expresar opiniones personales, además se pronunció por la aplicación de controles de control y confianza a jueces y a magistrados del Poder Judicial de la Federación, pero lo que destacó es que siempre y cuando dichos exámenes sean aplicados por él mismo, al ser cuestionada sobre los sueldos de los Ministros, solamente dijo que era un tema sensible; la tercera y cuarta comparecencias se realizaron en un solo día, una por la mañana y otra por la tarde, la matutina estuvo a cargo del Procurador de Justicia del estado de México Alejandro Gómez Sánchez, lo único que resaltó es que no iba en su carácter de Procurador, porque las preguntas que le hicieron fueron sobre temas de procuración de justicia y sobre todo del caso Tlatlaya, del que él fue el que actuó en ese entonces; la vespertina corrió a cargo de Álvaro Castro Estrada, un funcionario federal que es cercano a los grupos católicos y que solo opinó que hay que hacer más ágil el juicio de amparo, es decir, no dijo nada nuevo que haya que resaltar.
Las demás comparecencias fueron perfectas en cuanto al discurso de los candidatos, algunas con cuestionamientos certeros por parte de la Senadora Martha Tagle, que por cierto es la única de todos los Senadores que ha mostrado la seriedad y el compromiso que este tema demanda, es la única que ha señalado oportunamente y con toda claridad que las ternas de los candidatos deben ser desechadas por los legisladores y otras comparecencias pasaron desapercibidas sin la atención, como ya es costumbre, de los legisladores.
Lo decepcionante y de verdad alarmante es que la Comisión de Justicia del Senado de la República, presidida por el veracruzano Fernando Yunes Márquez que es la encargada de dicho proceso, emitió un dictamen en el que se aprueban a todos los candidatos a Ministros sin excepción, es decir, esto los hace elegibles, llama la atención que el supuesto compromiso del Senador panista veracruzano sea el de conducirse bajo el principio de legalidad en todos sus actos y tal como lo firma en la página de la citada Comisión; es indignación lo que esto provoca, porque no es justificable que haya dictaminado, por ejemplo, que el Procurador mexiquense sea un candidato elegible ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que los que sean designados Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación NO deben haber ejercido algún cargo en el Poder Ejecutivo Federal, y ¿Qué creen? Alejandro Gómez Sánchez actualmente ostenta el cargo de Procurador de Justicia del Estado de México, esto se traduce en el incumplimiento a un requisito expreso en la Ley Máxima motivo por el cual tendría que haber sido desechado por la Comisión de Justicia.
Lo que sigue es la designación de alguno de los propuestos en la terna enviada por el ejecutivo federal, lo que constituirá una violación grave y a todas luces a nuestra CPEUM, y lo decepcionante es que los mismos personajes encargados cumplir con lo que las leyes establecen, son los mismos que faltarán a su encomienda, ojalá que los Senadores presten atención y otorguen la seriedad que el tema amerita.
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