Filiberto Vargas Rodríguez / El Gobierno del Estado debe, y mucho. Más de lo que nunca antes había debido.
Las razones son múltiples y en este mismo espacio ya se han mencionado.
Como institución pública, el Gobierno de Veracruz no puede declararse en quiebra y sus acreedores saben que si no es hoy, más tarde habrán de cobrar.
No hay vuelta de hoja. Las deudas del estado, las pagamos los veracruzanos.
La nueva Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios en México establece que algunos créditos de las entidades federativas o de los ayuntamientos pueden tener el aval del gobierno federal, lo que les permitiría acceder a tasas de interés más bajas y ayudaría mejorar el flujo de efectivo, especialmente con los gobiernos más endeudados, como es el caso de Veracruz.
A cambio, los gobiernos que reciban este aval tendrán que firmar convenios de disciplina financiera con el gobierno federal que incluirían el compromiso de disminuir gradualmente sus déficits presupuestales y establecer límites de endeudamiento, los cuales deberán cumplir para poder conservar la garantía del gobierno federal.
Esta semana se abrió un nuevo debate respecto a la deuda de la administración estatal, a partir de que el mandatario veracruzano, Javier Duarte, hiciera la distinción de que los recursos que no se han entregado a la Universidad Veracruzana no son deuda, en estricto sentido, pues se trata de subsidios, de “apoyos solidarios” que han acordado el gobierno estatal y la casa de estudios.
La respuesta la dio la propia rectora Sara Ladrón de Guevara:
“El gobernador ha sido claro respecto a las finanzas del estado, en relación con las cuentas pendientes con nuestra universidad. Ha expresado que se trata de recursos cuya entrega está sujeta a la solvencia, ha expresado que mantendrá los subsidios estatales, que representan más del 50 por ciento de nuestro presupuesto. Contamos con su apoyo decidido… La falta de estos subsidios significaría la extinción de la universidad pública que ha significado la construcción del México moderno”.
La rectora dijo que a su llegada, en el 2013, las cuentas por cobrar de la Universidad se acercaban a los 900 millones de pesos, cantidad derivada de la falta de pago de los subsidios. Al mes de agosto de este año, la cifra se incrementó más del 100 por ciento.
Está claro que al Gobernador de Veracruz le ha brotado una especie de alergia. Le salen granos y le provoca un fuerte prurito escuchar la palabra “deuda”. Los médicos les sugieren a sus familiares y amigos que recurran a eufemismos como “pasivo”, “compromisos” o “pagos sujetos a programación”.
El lunes fueron los músicos, el martes, los maestros. Todos ellos reclaman pagos pendientes y el mandatario estatal se limita a advertir que se van a revisar las cuentas de los quejosos y que no porque griten más fuerte se darán por ciertos sus reclamos.
El Gobierno de Veracruz debe, y mucho. No sólo a las instituciones bancarias o bursátiles, donde se concentra la gran deuda pública de la entidad. El Gobierno de Veracruz le debe a los pensionados del gobierno estatal, a los maestros, a los proveedores, a contratistas, a prestadores de servicios, a estudiantes de excelencia, a ciudadanos de la tercera edad, a los alcaldes, a los sindicatos, y hasta a la Hacienda federal, que exige la reintegración de cifras millonarias que no fueron aplicadas en lo que era su asignación.
Tal vez Javier Duarte tendría que leer más a Benjamin Franklin. El reconocido estadista estadounidense advertía. “Es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas”.
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