Estados Unidos se pone más exigente con México en el combate a los cárteles de la droga; eso incluye a los políticos coludidos con el narco, políticos como Rocha Moya
Estados Unidos ha intensificado sus exigencias a México para obtener resultados concretos y verificables en el combate a los cárteles de la droga, particularmente en el tráfico de fentanilo y el control de precursores químicos. Tras la acusación formal del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa (facción de “Los Chapitos”), Washington ha reforzado su mensaje: exige acciones más agresivas o advierte de nuevas sanciones, mayor presión diplomática y posibles medidas unilaterales. Funcionarios estadounidenses, incluyendo referencias al secretario de Defensa Pete Hegseth y el contexto de la administración Trump, han calificado los esfuerzos mexicanos como positivos pero insuficientes en velocidad y profundidad, demandando mayor aceleración contra la corrupción vinculada al narco y las cadenas de suministro de precursores.
Esta presión externa reduce significativamente el espacio de maniobra del gobierno de Claudia Sheinbaum para sostener una defensa a ultranza de Rocha Moya. Claudia Sheinbaum ha insistido en que no hay pruebas suficientes presentadas por EE.UU. para justificar una detención provisional con fines de extradición, ha pedido elementos adicionales y enfatiza la soberanía y el debido proceso.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que, al concluir su mandato en 2030 recibiría aproximadamente 30 mil pesos mensuales de pensión. Comparó esto con la pensión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien según ella percibe cerca de 28 mil pesos al mes. Sheinbaum presentó esta cifra como ejemplo de austeridad y equidad, en el marco de reformas para eliminar las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios de alto nivel, algunos de los cuales alcanzaban un millón de pesos mensuales o más en Pemex, Luz y Fuerza, etc. Lo que no dijo la presidenta Sheinbaum es que el gobierno federal cubre otros gastos significativos para un expresidente como AMLO.
El gobierno de Claudia Sheinbaum se contradice. Por un lado gobierno y voceros presumen que en el Departamento de Justicia de Estados Unidos son unos novatos y que no conocen los procedimientos para pedir la extradición de algún imputado para ser juzgado en territorio americano. «No tienen pruebas», dicen los de Morena, como si la petición del gobierno de Trump sólo fuera un capricho. Sin embargo, ya hicieron renunciar a Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa y a Juan de Dios Gámez Mendívil a la alcaldía de Culiacán.
José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, publicó el 3 de mayo un mensaje en X en el que defiende la Cuarta Transformación y la soberanía mexicana. Lo hizo en medio del fuerte escándalo generado por la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios. En su publicación, López Beltrán afirma que la 4T «continúa y avanza de la mano del pueblo», bajo Sheinbaum en una fase «más técnica, profunda y estructural».
Antonio Silván Peralta, dirigente municipal de Morena en Macuspana, Tabasco, generó polémica tras publicar en sus redes sociales, durante una gira partidista, fotografías en las que aparece consumiendo tortuga “guao” o “guao tres lomos”. Esta especie se encuentra catalogada como “Amenazada” en la NOM-059-SEMARNAT-2010, lo que implica restricciones estrictas a su captura, comercialización, transporte y consumo sin autorización especial. Su aprovechamiento está regulado y generalmente prohibido para la población general. La publicación provocó fuertes críticas en redes sociales por parte de usuarios, activistas ambientales y especialistas, quienes señalaron el impacto en la fauna silvestre protegida.
Antes, para ser aspirante a un puesto político en Morena había que despojarse de toda clase de escrúpulos. Una vez aclarado ese punto, Morena les asignaba un operador político a sus candidatos para obtener recursos, de quien fuera, con el propósito de hacerlos ganar. Muchos de estos recursos provenían del narco y por ello muchos de los alcaldes y gobernadores de Morena quedaban comprometidos con los grupos del crimen organizado. Ahora que el gobierno de los Estados Unidos ha solicitado la extradición de los primeros políticos narcos de Morena, el partido que fundara López Obrador habla de ya no aceptar corruptos.
Lo de Héctor Yunes parece una fábula oriental, el cuento de un monje sintoísta que escala el monte Fuji para después anunciar que renuncia a sus espíritus y divinidades. Anuncia Héctor Yunes en sus redes sociales: «El día de ayer, 2 de mayo del 2026, presenté mi renuncia al Partido Revolucionario Institucional, instituto político en el que milité 45 años». Y lo hizo después de asistir al homenaje de Fidel Herrera, «con el propósito de no distraer la atención que merece el homenaje celebrado el día de ayer». La razón por la que Héctor Yunes renuncia obedece a que ya no aguanta a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, partido que «en lugar de dirigente, tiene dueño».
El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares, acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de conspiración para importar narcóticos, posesión de armas y actuar como enlace entre los líderes de “Los Chapitos” y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha dado un paso significativo. Según reportes de fuentes del propio Departamento de Justicia, los abogados del senador se han acercado para gestionar su estatus como testigo cooperante. ¿Qué implica buscar ser testigo cooperante? En el sistema judicial estadounidense, un testigo cooperante es alguien que, enfrentando cargos graves, ofrece información y testimonio contra otros a cambio de beneficios como reducción de sentencia, protección o incluso inmunidad parcial. Esta figura no es para inocentes. Un acusado que niega rotundamente cualquier vínculo con el narcotráfico y se declara completamente ajeno a los hechos no busca cooperar, antes bien pelea su inocencia en juicio, presenta pruebas y exige la desestimación de los cargos.
La presidenta Claudia Sheinbaum evitó dar declaraciones inmediatas sobre la licencia temporal solicitada y aprobada al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y remitió toda información a su conferencia matutina del lunes 4 de mayo. El viernes 1 y sábado 2 de mayo de 2026, Rocha Moya solicitó licencia temporal al Congreso de Sinaloa “mientras dure el proceso de investigación” de la Fiscalía General de la República. El Congreso la aprobó por unanimidad el sábado.
El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña ironizó y desestimó públicamente las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, facción de “Los Chapitos”. En su “videocharla” difundida en redes, alrededor del 1-2 de mayo de 2026, Noroña presentó de forma sarcástica un dibujo infantil de palitos con la frase “fue él” como supuesta «prueba brutal, contundente y demoledora» obtenida por su «equipo de inteligencia».