Estados Unidos ha intensificado sus exigencias a México para obtener resultados concretos y verificables en el combate a los cárteles de la droga, particularmente en el tráfico de fentanilo y el control de precursores químicos. Tras la acusación formal del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa (facción de “Los Chapitos”), Washington ha reforzado su mensaje: exige acciones más agresivas o advierte de nuevas sanciones, mayor presión diplomática y posibles medidas unilaterales. Funcionarios estadounidenses, incluyendo referencias al secretario de Defensa Pete Hegseth y el contexto de la administración Trump, han calificado los esfuerzos mexicanos como positivos pero insuficientes en velocidad y profundidad, demandando mayor aceleración contra la corrupción vinculada al narco y las cadenas de suministro de precursores.
Esta presión externa reduce significativamente el espacio de maniobra del gobierno de Claudia Sheinbaum para sostener una defensa a ultranza de Rocha Moya. Claudia Sheinbaum ha insistido en que no hay pruebas suficientes presentadas por EE.UU. para justificar una detención provisional con fines de extradición, ha pedido elementos adicionales y enfatiza la soberanía y el debido proceso.
Sheinbaum ha señalado que no se encubrirá a delincuentes, pero que si las imputaciones son políticas, México actuará conforme a su Constitución. Sin embargo, el caso coloca a Sheinbaum en un dilema diplomático y político: defender plenamente a un aliado clave de Morena arriesga escalar tensiones bilaterales, posibles sanciones adicionales y afectaciones en otros frentes como comercio o migración.