El CJNG mandaba a los marinos a descargar buques; sólo en Tampico en un año descargaron 31 buques. Sobrinos del exsecretario de Marina eran el contacto
De acuerdo con un reportaje del periódico Reforma, nos enteramos que quien controlaba la red de marinos, funcionarios, agentes aduanales, exportadores e importadores, distribuidores y empresarios gasolineros era el Cártel Jalisco Nueva Generación. El contacto directo del cártel era con los hermanos y jefes navales, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, quienes facilitaron el ingreso ilegal de millones de litros de “huachicol” fiscal a través de las aduanas. Muchos de los operadores que contactaban a los sobrinos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, estaban fichados en los Estados Unidos acusados de lavar dinero, tal es el caso de Eric Daniel Zamora Delgadillo, uno de los socios de Mefra. Otra de las empresas involucradas en la venta de combustible ilegal fue
Ikon Midstream LLC, con sede en Houston, Texas, la cual se ocupó de vender el combustible en Estados Unidos. Señala el reporte de Reforma: «Estas empresas fueron las que metieron los 14 buques que contenían gasolina en lugar de aditivos, como se asentó en los pedimentos de importación. Según los registros entregados por la aduana de Tampico, entre 2024 y 2025 estas empresas fueron las responsables de la importación de millones de supuestos aditivos para aceites lubricantes a granel que, en total, llegaron en 31 buques».
Anuar González Hemadi es un exjuez federal mexicano cuya trayectoria está marcada por escándalos de corrupción. En 2015, como juez del Juzgado Tercero de Distrito de Veracruz, se involucró en el caso “Los Porkys”, un abuso sexual contra la menor Daphne Fernández perpetrado por cuatro jóvenes de familias adineradas. En 2017, González Hemadi otorgó un amparo a Diego Cruz Alonso, uno de los acusados, anulando su formal prisión al argumentar falta de elementos para el delito de pederastia, lo que generó indignación pública por presuntas presiones políticas y económicas. Esta decisión contribuyó a su destitución en febrero de 2019 por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), acusado de «corrupción, actuar en contra de constancias y errores inexcusables en un caso de pederastia»; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sanción en febrero de 2024, inhabilitándolo por 10 años para cargos públicos.
¡Cuidado señores! Si usted tuvo que ver con las operaciones de huachicol fiscal o tráfico de combustible ilegal, más vale que no ande manipulando armas, porque estas se disparan accidentalmente. Apenas el lunes por la mañana Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, disparó su arma contra el mismo. Esta tarde, mientras practicaba al tiro en un campo de Sonora, el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga disparó “accidentalmente” su arma contra su persona. Sobre la muerte del capitán Jeremías Pérez el periódico El Universal anota: «El capitán pudo haber dado datos sobre más operaciones relacionadas con el huachicol y pudo haber entregado a otros militares, sin embargo, eso ya no podrá ser pues, para algunos quizá su suicidio resultó muy oportuno».
En un comunicado lanzado a la opinión pública, el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana manifestó su rechazo a la manera como la Junta de Gobierno otorgó la prórroga al rector Martín Aguilar Sánchez por cuatro años más. Los miembros de este instituto exigen la convocatoria a un nuevo Consejo Universitario General para elegir autoridades de forma legítima y transparente. Por otro lado, el 75 por ciento de los académicos de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UV rechazan la «indebida prórroga de Martín Aguilar»; así lo dice la manta que colgaron en el edificio de esa facultad.
La presidenta Sheinbaum y el fiscal Gertz Manero dicen, que la muerte del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, quien apareció en una lista de implicados en el huachicol fiscal, no tiene nada que ver con el caso de los buques confiscados con combustible ilegal. Dicen que su “suicidio” tiene otro tipo de causa. El periódico El Universal, en su editorial Bajo Reserva, lanza una hipótesis diferente: «En momentos en los que el actual gobierno ha lanzado una batida contra la corrupción en las filas de la Secretaría de Marina para llevar ante la justicia a militares que participaban en redes de robo de combustible, ayer se informó que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, se suicidó en el mismo complejo.
En la última manifestación que se llevó a cabo en la ciudad de Culiacán se reunieron más de 58 mil personas. Todos ellos marcharon en pro de la paz. Cada uno de los que formaron la mega marcha exigían que el gobierno les regresara la paz que perdieron desde que se desató la guerra entre facciones criminales del mismo cártel. Desde el mes de septiembre del 2024 hasta la fecha actual la guerra entre rivales del Cártel de Sinaloa ha dejado cantidad de muertos. Muchos de los fallecidos han sido personas que no la debían. Ante la mega marcha que se llevó a cabo en las calles de Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya, emitió un discurso en la semanera. En su discurso admitió que en el estado no ha regresado la paz.
La Fiscalía General de la República ha solicitado alrededor de 200 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en el delito de “huachicol fiscal”, un esquema de contrabando de combustibles que evade impuestos, afectando gravemente la economía mexicana. Las investigaciones, lideradas por el Gabinete de Seguridad Federal, apuntan a agentes aduanales, servidores públicos, empresarios y militares, quienes habrían facilitado la entrada ilegal de millones de litros de hidrocarburos, principalmente en aduanas como Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ensenada.
A principios de su sexenio Andrés Manuel López Obrador afirmó en varias ocasiones que un presidente de la república “todo lo sabía” respecto a las actividades en su gobierno. En septiembre de 2019 López Obrador, en un afán de contrastar su gobierno con los anteriores declaró: «Nada de que el presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban, eso es falso. El presidente de México está informado de todo lo que sucede y las transas grandes que se llevaban a cabo y que se pudiesen realizar. Si nosotros no cumpliéramos con nuestro compromiso de gobernar con honestidad todas esas transas llevan el visto bueno del presidente; aunque no firme él autoriza, el tolera, él permite». Sin embargo, esta narrativa se ve contrastada por revelaciones recientes.