Si van a madrear pensionados, que empiecen con los expresidentes
Los que nunca se van a preocupar por si les llega a tiempo o no su pensión, son los expresidentes de México a quienes seguramente les depositan a tiempo su merecida pensión, que se ganaron por haber echado por el caño el Estado de derecho de este país. Algunos de ellos se bañaron en impunidad, otros se aliaron al crimen organizado, otros se enriquecieron con las paraestatales dejando al país hecho un desastre. En total este país gasta 14.2 millones de pesos anuales en pensiones para expresidentes. Echeverría, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón, así como la viuda de José López Portillo —la ex actriz Sasha Montenegro—, reciben mensualmente una pensión vitalicia de 205 mil pesos mensuales; aparte habría que sumar al personal de apoyo, con decirles que Felipe Calderón se hace acompañar de 19 personas que tienen sueldos arriba de los 80 mil pesos. En total el país se gasta por todos los expresidentes algo así como 40 millones de pesos anuales. De modo que ya el pueblo empieza a decir que si van a madrear pensionados, que empiecen con los expresidentes.
A la cárcel irá el empleado del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien fue detenido con tres millones y medio de pesos en efectivo que transportaba en unas hieleras. Un juez de Hermosillo dicto auto de formal prisión para Luis Arístides López Moreno quien además de los 3.5 millones de pesos también transportaba droga. El juez determinó que existen elementos para que el sujeto sea juzgado por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita. Mientras tanto en Duartelandia, el sujeto que fue detenido hace algunos meses en el aeropuerto de Toluca con dos maletas que llevaban en total 25 millones de pesos, de los que no supo explicar su procedencia, es el oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. Ese sujeto se llama Vicente Benítez y próximamente será candidato a diputado por el PRI en su natal distrito.
Desde hace varios años, muchos medios de comunicación que se prestaron para el juego sucio de Gina Domínguez vienen arrastrando supuestas deudas que han querido cobrar primero a Alberto Silva y ahora a Juan Octavio Pavón, excoordinador y coordinador actual de Comunicación Social de Gobierno del estado. Algunos dueños de esos medios comentan abiertamente que la señora Domínguez infló algunos convenios con medios sometidos a su voluntad, de esos convenios ella se quedaba con una buena parte que utilizó, comentan, para comprar los restaurantes, cadenas de radio y franquicias de agencias de noticias y propiedades que ahora posee. Al momento de salir la señora Domínguez, los dueños de esos medios exigían el pago de montos desorbitantes, pensando que ya sin Gina ellos se quedarían con todo. Pero la realidad es que muchos de esos medios no tienen la penetración suficiente ante la ciudadanía como para exigir esos pagos; es más, algunos de esos medios son improvisados, creados ex profeso para el cobro de facturas. Ya nada más falta que Gina esté atrás de esta presión, con tal de cobrar su comisión.
Change.org, una página abierta donde las personas lanzan propuestas de cambio, que pueden ser desde detener la quema de ramas de espárrago en Caborca, no utilizar a los animales como piñata o reducir la jornada laboral de los médicos, ha lanzado a nombre de Darío P. una propuesta al pueblo de Veracruz, de México y del mundo para que «firmen esta petición para que el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República Mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación destituyan de su cargo a Arturo Bermúdez Zurita titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Veracruz y a Javier Duarte de Ochoa Gobernador constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y sean llevados a Juicio Político por Crímenes de lesa humanidad en contra de los adultos mayores del Estado de Veracruz y por atentar en contra de los Derechos Humanos y la integridad física de los mismos». La razón para pedir esto es la represión en contra de adultos mayores, quienes, dice la petición, «fueron golpeados con macanas y con los escudos de los granaderos» por exigir el pago de sus pensiones. Mediáticamente la petición puede prosperar, sin embargo no hay evidencia de que Change.org en realidad logre los cambios que se desean.
Un nutrido grupo de personas se reunió en el centro de la ciudad para protestar por la represión en contra de jubilados que el día de ayer se dio por parte de elementos de Seguridad Pública. La convocatoria se dio por medio de las redes sociales. El día de ayer, las autoridades reconocieron la represión, el mismo gobernador habló de hacer una investigación minuciosa para sancionar a los responsables. Sin embargo, en las mismas redes sociales están las pruebas de esta represión; ahí están los sujetos con nombre y apellido.
Pero también los agredieron verbalmente. Ahí está el testimonio en video de José Luis Barradas en Youtube, donde el oficial de la policía A. Paredes G., reconocido por su gafete en el uniforme, le comenta a un empleado de gobierno: «Les dije que me los iba a llevar a los dos hijos de sus puta madre». La maestra Rosario Piña sale al quite y pregunta «¿a quién te vas a llevar?». «A los dos me los voy a llevar», amenaza el oficial de la SSP y Charo Piña le dice, «pues de una vez», le enseña las muñecas y lo exhorta: «Llévame a mí». Después el mismo oficial A. Paredes ordena el repliegue y los elementos de Seguridad Pública los empujan con bastones. Valiente la maestra Charo Piña toma el bastón de uno de ellos y forcejea, pero es inútil, tienen orden de replegar a los pensionados que han tomado las calles del centro de la ciudad para exigir lo que es suyo; y lo consiguen, a fuerza pero lo consiguen.
Los pensionados y jubilados por tercer día consecutivo cerraron la calle de Enríquez en el centro de la ciudad, pero esta vez les mandaron a la fuerza pública que, con uso de bastones eléctricos, los desalojarlos y sin ninguna contemplación de la edad o condición de los manifestantes, muchos de ellos con problemas para caminar y enfermos, los forzaron a abrir el paso a los vehículos, lastimando a muchos de ellos; los reprimieron, obligando a los pensionados y jubilados a protestar en la banqueta. Los manifestantes están señalando que estaban esperando para subir a hablar con el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, pero que ahora exigen que sea el mismo secretario de Gobierno el que baje para continuar con el diálogo y las negociaciones. Hay que recordar que el Gobierno estatal ha incumplido en las obligaciones de pago, dándoles a los pensionados cheques sin fondo y postergando las fechas, por tal razón, éstos se han visto en la necesidad de cerrar vialidades con la esperanza de recibir su pensión a la que por ley tienen derecho. Sin lugar a dudas se responsabiliza al secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita por las agresiones de las que fueron víctimas el día de hoy los estos manifestante durante la protesta. La administración estatal de Javier Duarte se ha caracterizado por dos cosas: son muy mala paga, pero muy buena pega hacia los que exigen sus derechos vía la manifestación pacífica. No pagan, pero qué tal pegan.
Les quitaron la pensión que por ley les correspondía. En el sexenio de Fidel Herrera se estableció en la Ley 223 que se debería aportar a todos los adultos de más de 70 años una pensión alimenticia. El único requisito fue que el adulto mayor no fuera pensionado o tuviera beneficios de otros sistemas de seguridad social. Aquí no es un asunto solidario, como luego dicen nuestras autoridades, sino que existe una ley que obliga al estado a pagar esta pensión. Sin embargo se ha dejado de pagar y hasta el momento nadie, ni los diputados ni las autoridades ni la ciudadanía se ha manifestado para exigir que se pague lo que por ley está estipulado. La excusa es que el padrón está lleno de beneficiarios que no merecían esta pensión. Pero en su momento se hizo la denuncia de éste lo elaboraron los propios alcaldes, quienes metieron a sus parientes y amigos, dejando a los que realmente lo requieren, fuera de lista. Pero el gobierno prefiere cancelar la pensión, prefiere lastimar a quienes lo requieren en lugar de irse en contra de los que viciaron este beneficio.