De acuerdo con reportes de medios locales y la investigación periodística de Revista Proceso, desde inicios de 2026 (y posiblemente antes) los organizadores de ligas de fútbol amateur en Salamanca recibieron amenazas explícitas del crimen organizado. Se exigía una cuota de 50 mil pesos mensuales a cambio de “permitir” el uso de las canchas para jugar. Estas advertencias incluyeron cartulinas y mensajes directos, pero las denuncias presentadas ante las autoridades no recibieron respuesta efectiva ni medidas de protección.
Esta omisión o falta de atención se considera ahora un antecedente clave del ataque masivo, que evidencia cómo la extorsión ha permeado incluso actividades recreativas y deportivas en zonas controladas por el narco. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato y autoridades federales investigan los hechos, aunque hasta el momento no se ha confirmado públicamente si las víctimas específicas estaban directamente vinculadas al rechazo del pago.