Ciudad de México. La guerra en Ucrania, las secuelas de la pandemia y la polémica administración de López Obrador están llevando a la economía mexicana a un espiral caótico que parece estar volviéndose crónico. No solo se trata de sectores cada vez más golpeados por la inestabilidad económica, sino de una inflación que no se detiene ante ninguna medida gubernamental.
Así lo demostró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su más reciente Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), donde la inflación alcanzó el 0,54% en comparación con el mes anterior, y un 7,68% de forma anual. México se enfrentaría así a la inflación más alta registrada en casi 22 años.
Aunque tenga un impacto en todas las áreas que componen la economía, lo cierto es que este fenómeno inflacionario estaría teniendo un efecto especialmente devastador en el sector alimentario, con gran parte de la población viéndose obligada a disminuir la ingesta de alimentos, así como a sustituir productos, para poder hacer rendir su dinero.
El incremento en los precios sería tal que, según información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México estaría entre los 4 países del G-20 con mayor tasa de inflación alimentaria, superado únicamente por Rusia, Argentina y Turquía. Esto habría llevado al Gobierno a plantear acuerdos para asegurar una canasta básica con «precios justos».
En estos estarían participando buena parte de las grandes marcas y cadenas de tiendas, incluyendo a Walmart, Bimbo, Soriana, La Moderna, La Comer, Kimberly-Clark, Chdraui, entre muchas otras. Por el momento, no ha quedado claro cuál es la finalidad concreta de estas reuniones, siendo posible un control de precios así como un incremento en el número de descuentos que publican las tiendas.
Por ejemplo, mientras que por un lado podríamos ver con más frecuencia la creación de campañas como las ofertas para hoy en Soriana, con descuentos de hasta 50% en medicina y de 20% en alimentos frescos, también podría anunciarse un nuevo sistema gubernamental que limite el precio de los productos.
Si bien esta última opción habría sido descartada por el mismo López Obrador hace varios días, es imposible prever qué acciones tomará el Gobierno en caso de que los precios sigan aumentando, especialmente cuando se maneja una retórica tan antagónica contra el sector privado desde las comunicaciones oficiales.
Dado el historial de la administración actual, la desconfianza ha seguido aumentando a medida que surgen nuevas pláticas sobre acuerdos entre empresas y el Gobierno, con muchos asegurando que parece tratarse mucho más de “un acto de fe” que de un plan real para controlar la inflación.
Y es que no solo estamos hablando de la ya mellada reputación de López Obrador y su gabinete, sino también de la experiencia que existe alrededor de los controles de precio aplicados tanto en México como en el resto del mundo.
Mientras que nuestra historia reciente demuestra que estas medidas no suelen tener un impacto positivo en los precios, los casos internacionales muestran cómo estas pueden incluso traer escasez, una caída en la inversión privada y, por último, más inflación.
Adicionalmente, la incidencia de variables externas, como el surgimiento de nuevas variantes del coronavirus y la invasión rusa sobre territorio ucraniano, pueden hacer que estas medidas no tengan ningún impacto positivo, incluso en el caso de aplicarse de forma completamente responsable y bien planificada.
La inflación en México sigue incrementando de forma acelerada, una señal de que no solo la economía nacional se enfrenta a uno de los momentos más duros de su historia reciente, sino un augurio de que lo que está por venir podría ser aún más complejo.
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