No hay confirmación sobre la extradición de Érika María “N”, sigue detenida en Venezuela. ¿Revelará cómo planeó el crimen?
Desde el momento en que las autoridades de Venezuela informaron la detención de Érika María Guadalupe Herrera Coriand, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión por el delito de feminicidio. Cabe señalar que, antes de su detención, se activó alerta migratoria y, posteriormente, la Interpol emitió una ficha roja para su localización y detención internacional. Tras estar prófuga varios días, fue detenida en Venezuela por elementos de Interpol.
Algunos medios la refieren como “Karina María ‘N’” al momento de reportar su captura en Venezuela, sin embargo, la Fiscalía General de la República indica que su nombre es Érika María Guadalupe Herrera Coriand. Hasta la información más reciente disponible, está detenida en Venezuela y se espera su extradición a México para enfrentar el proceso penal.
El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, dio a conocer una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios actuales o ex funcionarios estatales, incluyendo un senador y mandos de seguridad. Se les imputa conspiración para importar narcóticos, fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, a los Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego de alto poder y dispositivos destructivos, en presunta colaboración con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Desde el momento en que Rubén Rocha Moya ganó las elecciones del 6 de junio del 2021 para gobernador de Sinaloa, el Cártel de Sinaloa, específicamente la facción liderada por “Los Chapitos”, cobró más fuerza. Su poder y control del territorio generó especulaciones debido a que indicaban que el gobernador Rubén Rocha Moya los protegía. Los ciudadanos sabían que el problema que se dió entre facciones del mismo cártel sucedió luego de que autoridades de alto mando estuvieran implicados en la traición contra Ismael “El Mayo” Zambada. En las últimas horas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que la facción de “Los Chapitos”, tuvo participación en las elecciones del pasado 6 de junio del 2021, cuando Rubén Rocha Moya resultó ganador en la contienda.
Después del 15 de abril, fecha en que Karina María “N”, asesinó a su nuera Carolina Flores las autoridades están tras su detención, sin embargo, hasta el momento no se sabe nada sobre el paradero de la suegra. El 27 de abril, la Fiscalía General de la República pidió a la Interpol que emita una ficha roja internacional de captura para localizarla y detenerla. Todos los datos que se saben sobre el caso llevan a una respuesta determinante, Karina María “N”, había planeado todo lo que sucedería. Planeó el viaje hasta el domicilio de su hijo, donde vivía su nuera. Se apoderó del arma con la que le quitaría la vida y por los datos obtenidos de las investigaciones planeó el momento en que le arrebataría la vida de varios balazos. Hasta el 29 de abril no se sabe con exactitud si Alejandro, el esposo de Carolina, también está implicado.
El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, respondió puntualmente a las críticas del exdiputado federal, Atanasio García Durán, padre del ex gobernador Cuitláhuac García. Señaló Ahued en sus redes sociales: «Rechazo las opiniones vertidas el día de hoy en contra de nuestra gobernadora». En pocas palabras, «es usted un hablador». Por supuesto, Cuitláhuac García tuvo que salir de su escondite para responder por las declaraciones de su padre, quien reprocho a los veracruzanos que votaran por Rocío Nahle.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación sobre un operativo realizado en abril de 2026 en el municipio de Morelos, Chihuahua, en el que se desmantelaron narcolaboratorios de metanfetaminas. En el incidente murieron dos agentes estadounidenses (presuntamente de la CIA) y dos mexicanos en un accidente automovilístico. El caso generó controversia porque, según autoridades federales, los agentes extranjeros participaron en acciones de campo sin autorización del gobierno federal, lo que podría constituir una violación a la soberanía nacional y a la Ley de Seguridad Nacional.