Tulum, conocido como un paraíso caribeño en Quintana Roo enfrenta en 2025 su peor crisis turística, con una ocupación hotelera que ha caído drásticamente al 49,2% en septiembre (frente al 66,7% de 2024) y un descenso del 4,1% en la afluencia de visitantes entre enero y mayo. Esta problemática se agrava por la invasión masiva de sargazo —con más de 20.000 toneladas recolectadas en el primer semestre—, que cubre las costas con algas fétidas y aguas turbias, deteriorando el atractivo natural. A esto sume que el acceso restringido a playas públicas, controlado en parte por hoteles que exigen consumos mínimos o tarifas elevadas, y el impacto del Parque del Jaguar (administrado por Sedena), ha generado inconformidad ciudadana y viralizado imágenes de calles y playas desiertas.
Factores como precios abusivos (hasta 100 pesos por una lata de refresco), inseguridad —con Tulum como el municipio más violento de Quintana Roo (529 delitos por 100.000 habitantes en agosto)— y falta de infraestructura, han alejado a turistas nacionales e internacionales, dejando hoteles vacíos y negocios al borde del cierre. Ante esto, el 12 de noviembre de 2025, la gobernadora Mara Lezama y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, anunciaron la apertura inmediata de nuevos accesos gratuitos y públicos a las playas, enfatizando que «las playas son un derecho, no un privilegio».
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