Anuar González Hemadi: de amparar a uno de “Los Porkys” a defender empresa vinculada al huachicol
Anuar González Hemadi es un exjuez federal mexicano cuya trayectoria está marcada por escándalos de corrupción. En 2015, como juez del Juzgado Tercero de Distrito de Veracruz, se involucró en el caso “Los Porkys”, un abuso sexual contra la menor Daphne Fernández perpetrado por cuatro jóvenes de familias adineradas. En 2017, González Hemadi otorgó un amparo a Diego Cruz Alonso, uno de los acusados, anulando su formal prisión al argumentar falta de elementos para el delito de pederastia, lo que generó indignación pública por presuntas presiones políticas y económicas. Esta decisión contribuyó a su destitución en febrero de 2019 por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), acusado de «corrupción, actuar en contra de constancias y errores inexcusables en un caso de pederastia»; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sanción en febrero de 2024, inhabilitándolo por 10 años para cargos públicos.
Tras su salida del Poder Judicial, González Hemadi continuó operando como abogado. En noviembre de 2023, fue reclutado como apoderado legal de Mefra Fletes, una empresa de transporte de Nuevo León implicada en el tráfico ilegal de combustibles (huachicol fiscal). Esta compañía transportaba en pipas el diésel decomisado en operativos de marzo de 2025 en Altamira, Tamaulipas, y Ensenada, Baja California, facilitando su reintroducción al mercado negro, posiblemente vinculada a cárteles como el CJNG o el Golfo. Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelaron estos nexos en mayo de 2025.
¡Cuidado señores! Si usted tuvo que ver con las operaciones de huachicol fiscal o tráfico de combustible ilegal, más vale que no ande manipulando armas, porque estas se disparan accidentalmente. Apenas el lunes por la mañana Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, disparó su arma contra el mismo. Esta tarde, mientras practicaba al tiro en un campo de Sonora, el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga disparó “accidentalmente” su arma contra su persona. Sobre la muerte del capitán Jeremías Pérez el periódico El Universal anota: «El capitán pudo haber dado datos sobre más operaciones relacionadas con el huachicol y pudo haber entregado a otros militares, sin embargo, eso ya no podrá ser pues, para algunos quizá su suicidio resultó muy oportuno».
En un comunicado lanzado a la opinión pública, el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana manifestó su rechazo a la manera como la Junta de Gobierno otorgó la prórroga al rector Martín Aguilar Sánchez por cuatro años más. Los miembros de este instituto exigen la convocatoria a un nuevo Consejo Universitario General para elegir autoridades de forma legítima y transparente. Por otro lado, el 75 por ciento de los académicos de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UV rechazan la «indebida prórroga de Martín Aguilar»; así lo dice la manta que colgaron en el edificio de esa facultad.
La presidenta Sheinbaum y el fiscal Gertz Manero dicen, que la muerte del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, quien apareció en una lista de implicados en el huachicol fiscal, no tiene nada que ver con el caso de los buques confiscados con combustible ilegal. Dicen que su “suicidio” tiene otro tipo de causa. El periódico El Universal, en su editorial Bajo Reserva, lanza una hipótesis diferente: «En momentos en los que el actual gobierno ha lanzado una batida contra la corrupción en las filas de la Secretaría de Marina para llevar ante la justicia a militares que participaban en redes de robo de combustible, ayer se informó que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, se suicidó en el mismo complejo.
En la última manifestación que se llevó a cabo en la ciudad de Culiacán se reunieron más de 58 mil personas. Todos ellos marcharon en pro de la paz. Cada uno de los que formaron la mega marcha exigían que el gobierno les regresara la paz que perdieron desde que se desató la guerra entre facciones criminales del mismo cártel. Desde el mes de septiembre del 2024 hasta la fecha actual la guerra entre rivales del Cártel de Sinaloa ha dejado cantidad de muertos. Muchos de los fallecidos han sido personas que no la debían. Ante la mega marcha que se llevó a cabo en las calles de Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya, emitió un discurso en la semanera. En su discurso admitió que en el estado no ha regresado la paz.
La Fiscalía General de la República ha solicitado alrededor de 200 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en el delito de “huachicol fiscal”, un esquema de contrabando de combustibles que evade impuestos, afectando gravemente la economía mexicana. Las investigaciones, lideradas por el Gabinete de Seguridad Federal, apuntan a agentes aduanales, servidores públicos, empresarios y militares, quienes habrían facilitado la entrada ilegal de millones de litros de hidrocarburos, principalmente en aduanas como Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ensenada.
A principios de su sexenio Andrés Manuel López Obrador afirmó en varias ocasiones que un presidente de la república “todo lo sabía” respecto a las actividades en su gobierno. En septiembre de 2019 López Obrador, en un afán de contrastar su gobierno con los anteriores declaró: «Nada de que el presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban, eso es falso. El presidente de México está informado de todo lo que sucede y las transas grandes que se llevaban a cabo y que se pudiesen realizar. Si nosotros no cumpliéramos con nuestro compromiso de gobernar con honestidad todas esas transas llevan el visto bueno del presidente; aunque no firme él autoriza, el tolera, él permite». Sin embargo, esta narrativa se ve contrastada por revelaciones recientes.
El día 9 de noviembre de 2024 Los Angeles Times reportaba: «Hombres armados mataron el viernes a un contraalmirante de la Marina Armada de México, convirtiéndose en uno de los militares de más alto rango asesinados en el país en una década. La Marina de México informó que un contraalmirante —el rango que precede al de almirante, el más alto de la Marina— fue asesinado a tiros en la ciudad portuaria de Manzanillo, en la costa del Pacífico. Los medios locales identificaron a la víctima como Fernando Guerrero Alcántar, pero un vocero de la Marina no confirmó el nombre, ni si estaba uniformado al momento del ataque».