El 9 de diciembre de 2025, el alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro (de Morena), ordenó un operativo policial para clausurar temporalmente las instalaciones de la tequilera Cuervo 1800 (parte de la casa José Cuervo), la mayor productora de tequila del mundo. La acción se basó en un presunto adeudo de 60 millones de pesos por impuestos prediales, multas, recargos y un incremento del 2,000% en la tasa predial, violando un amparo federal que protegía a la empresa.
Representantes legales de José Cuervo denunciaron penalmente a Rivera y cinco funcionarios municipales por extorsión ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, argumentando que los cobros eran infundados y representaban un intento de presión ilegal. El gobernador Pablo Lemus Navarro intervino de urgencia, alertando riesgos de explosión en las calderas de la planta y notificando incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum, dada la relevancia económica del caso en negociaciones del TMEC. El gobierno federal y estatal mediaron en una mesa de diálogo el 10 de diciembre en Palacio de Gobierno, Guadalajara, donde se levantaron los sellos de clausura y se pactaron acuerdos: actualización catastral del terreno y pago de adeudos legítimos por parte de la empresa. Rivera negó las acusaciones de extorsión, atribuyéndolo a un “tema de licencias y predial” resuelto amigablemente, y culpó a la oposición de politizar el asunto.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco confirmó al menos diez denuncias similares contra el alcalde por presuntas extorsiones a otras tequileras y hoteles, además de irregularidades como el cierre del Museo Nacional del Tequila sin autorización del INAH. Lemus expresó preocupación por la “ingobernabilidad” en este Pueblo Mágico, que genera miles de empleos y es clave para el turismo y la industria tequilera. El caso sigue bajo investigación, con posibles implicaciones federales.