Representantes legales de José Cuervo denunciaron penalmente a Rivera y cinco funcionarios municipales por extorsión ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, argumentando que los cobros eran infundados y representaban un intento de presión ilegal. El gobernador Pablo Lemus Navarro intervino de urgencia, alertando riesgos de explosión en las calderas de la planta y notificando incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum, dada la relevancia económica del caso en negociaciones del TMEC. El gobierno federal y estatal mediaron en una mesa de diálogo el 10 de diciembre en Palacio de Gobierno, Guadalajara, donde se levantaron los sellos de clausura y se pactaron acuerdos: actualización catastral del terreno y pago de adeudos legítimos por parte de la empresa. Rivera negó las acusaciones de extorsión, atribuyéndolo a un “tema de licencias y predial” resuelto amigablemente, y culpó a la oposición de politizar el asunto.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco confirmó al menos diez denuncias similares contra el alcalde por presuntas extorsiones a otras tequileras y hoteles, además de irregularidades como el cierre del Museo Nacional del Tequila sin autorización del INAH. Lemus expresó preocupación por la “ingobernabilidad” en este Pueblo Mágico, que genera miles de empleos y es clave para el turismo y la industria tequilera. El caso sigue bajo investigación, con posibles implicaciones federales.