La Fiscalía General de la República ha solicitado alrededor de 200 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en el delito de “huachicol fiscal”, un esquema de contrabando de combustibles que evade impuestos, afectando gravemente la economía mexicana. Las investigaciones, lideradas por el Gabinete de Seguridad Federal, apuntan a agentes aduanales, servidores públicos, empresarios y militares, quienes habrían facilitado la entrada ilegal de millones de litros de hidrocarburos, principalmente en aduanas como Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ensenada.
El modus operandi consiste en declarar los combustibles como productos exentos de impuestos, como “aditivos para aceites” o “sosa cáustica”, para introducirlos al país sin pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Un operativo clave en marzo de 2025 en Tampico, Tamaulipas, permitió el decomiso de 10 millones de litros de diésel, desencadenando detenciones de 14 personas, incluidos tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas.
Entre los detenidos destaca el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado movimientos financieros sospechosos, como depósitos millonarios, compras de inmuebles y vehículos de lujo, que vinculan a los implicados con redes criminales