Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
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Cada vez toma más fuerza, adquiere más elementos de certeza, aquella versión sobre una reunión en la Ciudad de México, en la que los más altos manos de la 4T -incluido, por supuesto, el presidente- analizaron la situación en cada una de las entidades donde habría elecciones. Al llegar al caso de Veracruz -cuentan- la instrucción fue tajante: “A como dé lugar, haciendo todo lo que se tenga que hacer, pero en Veracruz debe ganar Rocío (Nahle)”.
Lo sucedido el sábado en la región de Los Tuxtlas (tres eventos multitudinarios en un solo día, en Catemaco, San Andrés y Santiago) alteró los nervios de los operadores electorales del gobierno estatal, quienes han entendido que no hay forma de detener la caída de su candidata, por lo que se han dado a la tarea de frenar la cada vez más fuerte campaña del candidato del frente opositor, Pepe Yunes.
Una muestra de esa desesperación por parte del aparato del estado fue la orden girada a personal de Tránsito del Estado para impedir el paso de cualquier vehículo que este domingo intentara llegar al municipio de Yanga, donde se celebró un encuentro con organizaciones cañeras de la entidad.
Lo que nunca se esperaron fue la reacción de los simpatizantes, quienes no se quedaron cruzados de brazos y enfrentaron a los patrulleros, para que les dieran una razón válida que les impidiera llegar a su destino.
Hace seis años el presidente López Obrador sacudió al país al advertir sobre las consecuencias de que el gobierno intentara alterar el resultado de las elecciones:
“Después del primero de julio yo me voy a Palacio Nacional o a Palenque, Chiapas. Si se atreven a un fraude, me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre. Quien suelte al tigre, que lo amarre. Yo no voy a estar deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro”.
El tigre está despierto, y si los mapaches de gobierno insisten en rascarle alguna parte sensible, habrán de conocer su furia.
Pepe Yunes envió un mensaje a los “genios” de palacio de gobierno:
“Quisieron bloquear este acto como van a querer robarnos la elección. Desde aquí les decimos hasta Palacio de Gobierno: ¡ni bloquean al pueblo organizado luchando por su destino, ni nos van a robar la elección! Que se preparen”.
El obeso y reumático aparato del gobierno estatal está tratando de reaccionar para rescatar la derrotada campaña de Rocío Nahle, pero en la Ciudad de México lo que en realidad les preocupa es que, en su caída, la zacatecana arrastre a la candidata presidencial.
Es a Claudia Sheinbaum, no a Rocío Nahle, a la que intentan salvar desde la capital del país y para conseguirlo tampoco se detienen a acatar los límites que marca la ley.
El artículo 250 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (herramienta jurídica que rige los procesos electorales federales), establece reglas para la colocación de propaganda y advierte: “d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico”.
La noche del sábado 18 de mayo, una brigada de Morena plasmó propaganda de la candidata presidencial de ese partido, Claudia Sheinbaum, a lo largo de casi 300 metros de la pared de la rampa de acceso de uno de los puentes vehiculares de la avenida Lázaro Cárdenas, en Xalapa, justo el que cruza por arriba de la avenida Miguel Alemán.
Tal medida, además de violentar la ley electoral, también trasgrede lo dispuesto por el Bando de Policía y Buen Gobierno del ayuntamiento de Xalapa, quien en su artículo 49 señala como infracción al orden público, “IV. Colocar propaganda o mantas, o hacer uso indebido de fachadas o bardas, de edificios públicos o privados, así como monumentos, postes, árboles, puentes, pasos peatonales, semáforos, casetas telefónicas o señalizaciones sin autorización de la autoridad municipal”.
Los abusos por parte del gobierno estatal en este proceso electoral obedecen a una línea bien trazada desde Palacio Nacional: si el presidente arremete contra periodistas críticos, lo mismo hace el gobernador; si el presidente utiliza sus conferencias de prensa para involucrarse en el proceso electoral, lo mismo se hace en Veracruz.
No hay la menor preocupación a que tales acciones tengan consecuencias jurídicas. La soberbia y el creciente control de los órganos electorales producen esa fórmula de autoritarismo que pone en riesgo el sistema democrático que creamos todos los mexicanos.
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Epílogo.
La existencia de una red de corrupción en el Poder Judicial del estado es cada vez más evidente. *** Fuentes del interior del Tribunal Superior de Justicia confirman que existe una investigación sobre el desempeño del magistrado Esteban Martínez Vázquez, de quien se han recibido múltiples denuncias por su presunta participación en casos flagrantes de obstrucción de la justicia, para favorecer a grupos económicos fuertes, especialmente en el norte del estado. *** Ya en este mismo espacio se ha detallado que, en complicidad con jueces de control, el magistrado tuerce la ley y pone la justicia al servicio del mejor postor. Abogados litigantes de aquella zona apuntan que en diversos procesos se ha podido observar que las trampas jurídicas tienden a perjudicar a personas de avanzada edad, a las que buscan despojar de sus propiedades. *** Eso ya de por sí es grave, pero hay también señalamientos de que los juzgadores con los que “opera” el magistrado, tienden a favorecer a grupos relacionados con la delincuencia organizada. La investigación está por concluir y muy pronto se conocerán muchas de las componendas que se han detectado entre este grupo de juzgadores.
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