Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
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Hoy está más claro que nunca, que los principales enemigos los tiene Rocío Nahle en su propio equipo de campaña. No hace falta gran experiencia en materia electoral, sólo un poco de sentido común: es un suicidio llevar a la candidata a un municipio cuyos pobladores se sientes agraviados por el maltrato del que han sido víctimas por parte de los gobiernos emanados de Morena.
Este lunes, familiares y amistades de Brandon Arellano (aquel joven que fue asesinado por elementos de la Policía Municipal) irrumpieron en el evento de campaña de Rocío Nahle, en Lerdo de Tejada, para exigir justicia, pues uno de los agresores del joven de 27 años fue dejado en libertad y sigue prófugo.
El crimen ocurrió la noche del 19 de enero del presente año, cuando la policía municipal montó un retén para asaltar a todo aquel conductor que se les apareciera. Persiguieron al joven Brandon que llegó hasta el domicilio de su abuela. Ahí detuvo el vehículo, momento que aprovecharon los elementos uniformados para disparar en su contra. Una de las balas lo hirió de muerte.
Tres días después de esos hechos, un juez de control ordenó prisión preventiva a cuatro elementos de la Policía Municipal que habrían participado en el asesinato del joven. Sin embargo, uno de los policías (al parecer el autor materia del crimen) tuvo la oportunidad de darse a la fuga y hasta la fecha no ha sido detenido.
Los pobladores atribuyen la responsabilidad de este crimen a la síndica de Lerdo, habilitada en funciones de alcaldesa, María Esther Arróniz López, por la ausencia de control con la corporación policiaca a su cargo, y recriminan al gobierno de Cuitláhuac García el desinterés puesto en ese caso.
La madre de Brandon, Erika María Cruz Hernández, denunció que el gobierno de Cuitláhuac García le ofreció 2 mil pesos de apoyo mensual a la viuda, a través del programa de Atención a Víctimas, a pesar de que quedaron dos menores de edad en la orfandad y que la hija mayor padece de una enfermedad crónica del corazón.
Luego del “ruido” que le generó a la candidata de Morena este conflicto, el secretario de Gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil, salió a informar que “hay avances” en el caso del homicidio de Brandon Arellano, pero al final optó por “tirarle la bolita” al Congreso local, que es la instancia donde se debe definir si es ratificada María Esther Arróniz López, como alcaldesa suplente.
El funcionario estatal confirmó que aún hay dos órdenes de aprehensión pendientes y que la vigilancia en el municipio volvió a quedar a cargo de la corporación municipal.
Juárez Gil admitió que, en materia de seguridad, la Guardia Nacional sólo estuvo presente en el municipio durante unas semanas y posteriormente el mando retornó al municipio.
“Estuvo una fuerza extra los primeros días y de ahí se fueron a seguir todos los monitoreos en la región, como se hace en todas regiones del estado”, explicó.
Esa es una práctica común del gobierno estatal: donde surgen hechos violentos que “hacen crisis”, de inmediato movilizan fuerzas adicionales, hasta que “las cosas se calman” y vuelven a dejar a la población indefensa.
Por todas esas fallas, este lunes quien pagó los platos rotos fue la candidata de Morena.
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Epílogo.
Este lunes, inspectores de Ganadería se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), para protestar porque fueron reasignados de manera injustificada y concentrados en la sede central, sin que les estén cubriendo los gastos por hacerlos que permanezcan en un sitio distinto a su adscripción. *** Acdmer Antonio Galicia Campos, secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo, explicó que estos servidores públicos llevan más de mes y medio concentrados, sin justificación alguna, en las oficinas centrales. La Dirección de Ganadería los concentró con la complacencia del secretario y del titular de la Unidad Administrativa. *** “Los compañeros ya llegaron a un límite, ya no tienen recursos para pagar dónde vivir, y la dependencia se ha negado a pagarles viáticos”, dijo. *** Los manifestantes le exigen a la Sedarpa que les paguen los viáticos y ser regresados a sus áreas originales de trabajo, pues afirman que nunca existió un acta administrativa o justificación alguna para su reubicación. *** El gobierno estatal pretende desconocer el perfil y las capacidades del personal concentrado en Xalapa, pero el dirigente del sindicato del Poder Ejecutivo aclara que todos ellos cumplen con perfiles de alta especialidad. *** “Nuestros compañeros Inspectores de Ganadería son en varios casos médicos veterinarios con nombramiento de Oficial Estatal y los que no son médicos están certificados a nivel nacional”. *** La Dirección de Ganadería del gobierno estatal está pasando por uno de sus peores momentos. Veracruz sufrió una degradación en su calidad de inspección zoosanitaria, lo que pone en riesgo su capacidad de exportación. *** ¿Y el gobernador? Bien, disfrutando de los privilegios de su cargo.
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