Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
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En noviembre del año pasado, durante la presentación de su informe anual de labores, la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, reconoció la existencia de “malas prácticas” (corrupción) en el Poder Judicial y dijo que, para corregir eso, el primer paso era reconocer la existencia del problema.
La magistrada habló de las auditorías que se habían realizado al área administrativa, aunque reconoció que aún faltaba “mucho por hacer”. El tiempo le da la razón: en materia de combate a la corrupción, en el Poder Judicial de Veracruz falta mucho por hacer.
Desde el norte de la entidad despachos y organizaciones de abogados denuncian la existencia de contubernio entre juzgadores asignados a aquella zona y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que se dedican a extorsionar a abogados y a sus clientes, a cambio de fallos favorables.
Litigantes de aquella región señalan de manera específica al magistrado Esteban Martínez Vázquez, quien forma parte del Consejo de la Judicatura Estatal.
Los abogados señalan que este togado trabaja de acuerdo con jueces, en especial con Nemesio Ramírez Bautista, actualmente adscrito a Tantoyuca.
Los litigantes narran que, para realizar sus fechorías, este juez y el magistrado se ponen de acuerdo.
En la primera audiencia el juzgador fija prisión preventiva por un lapso corto, tiempo que utiliza el auxiliar del juez (en el caso de Tantoyuca identifican a Antonio Gasca, a quien Nemesio Ramírez consiguió que lo “movieran” con él) para “operar” con los abogados y fijarles una “cuota” para modificar la medida cautelar.
Todo ello, con la protección del magistrado Esteban Martínez quien -además- se convierte en un vínculo con los miembros del Consejo de la Judicatura, para que las quejas contra esos juzgadores no procedan.
Aunque él insiste en negarlo, lo cierto es que Esteban Martínez tocó la puerta en palacio de gobierno para conseguir que lo promovieran a la presidencia del Poder Judicial del Estado, cuando ya se había anticipado la partida de Isabel Inés Romero. Su “cercanía” con Cuitláhuac García no fue suficiente y al final la “línea” se dio a través de Lisbeth Aurelia Jiménez, por lo que Esteban Martínez negoció que se le mantuviera en el Consejo de la Judicatura.
Los abogados en el norte de la entidad han presentado ya quejas formales por el comportamiento de jueces y del magistrado, y aunque no creen que tomen medidas contra los juzgadores señalados, advierten que serán expedientes que quedarán abiertos y podrían ser reactivados en un futuro muy próximo, cuando las condiciones políticas de la entidad sean otras.
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Epílogo.
La crisis en materia de sanidad animal en el estado de Veracruz ha alcanzado niveles inimaginables. *** De los12 sitios que las autoridades estatales pretendían que fueran autorizados como Puntos de Verificación e Inspección Interna (PVI), la Secretaría de Agricultura (Sader) sólo les autorizó tres: “El Vergel”, ubicado en Moralillo; “Pueblo Viejo” antes conocido como “Puente Tampico”, y “Maltrata” antes conocido como “Balastrera”, para operar en materia de Tuberculosis Bovina, debido a que se encuentran en límites con otros estados con diferentes Estatus Zoosanitarios. *** Los otros nueve sitios fueron considerados “improcedentes”, con lo que una vez más queda exhibido el pésimo resultado de Veracruz en materia de movilización y sanidad animal, tareas a cargo de la Subsecretaría de Ganadería que encabezan Humberto Amador Zaragoza y Enrique Arturo Hernández Amaya. *** Pero ese no es el único problema que enfrenta la Secretaría de Agricultura estatal (Sedarpa) que encabeza Evaristo Ovando Ramírez. A eso hay que sumarle los escándalos por el acarreo de trabajadores a actos proselitistas y la renuncia de altos funcionarios por las denuncias de desvío de recursos. *** Los expedientes ya están armados. Una vez que pierdan la protección del gobernador, tendrán que rendir cuentas ante la justicia.
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