Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
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El periodista Ricardo Chúa, autor de la columna “Sale y Vale”, lo anticipó desde los primeros días del presente año: que en la Fiscalía de Veracruz se estaban “fabricando delitos” y que la única que no se enteraba de ello era la titular de ese organismo “autónomo”, Verónica Hernández.
En octubre del 2023 elementos de la Policía Ministerial aprehendieron a un empresario (Alberto “N”), a quien se le acusaba de haber cometido el delito de pederastia.
El expediente sobre este caso fue tan mal armado, que el juez de control ordenó la liberación del imputado, pero de manera inmediata se inició una nueva carpeta de investigación, para conocer las razones de tantas irregularidades.
La defensa del empresario detenido exhibió ante el juzgador que la supuesta madre de la víctima (un niño menor de edad) dijo ser originaria de Puebla, pero su CURP la ubicaba en Villahermosa, Tabasco.
Al tratar de acreditar la personalidad del menor, se encontraron con que existían al menos cuatro actas de nacimiento distintas y en ninguna de ellas aparecía la acusadora como madre del menor supuestamente abusado.
A partir de la investigación iniciada en contra de quienes participaron en ese montaje, se anunció la detención y vinculación a proceso de Jorge Said Guevara, fiscal séptimo especializado en investigación de Delitos contra la Familia; Beatriz “N”, perito en Trabajo Social; Xóchitl “N”, perito psicóloga; Eloy Enrique Pérez, coordinador de detectives, y Jesús Julio “N”, policía ministerial.
Aunque no ha sido confirmado, ha trascendido que dos servidoras públicas más serían llamadas a responder por este caso: Indira Gabriela Contreras Tun, titular de la Fiscalía Regional, y Guadalupe González Carrillo, fiscal especializada en delitos contra la familia.
A los cinco detenidos ya les aplicaron “una sopa de su propio chocolate”. Antes eran ellos los que promovían para los imputados la prisión preventiva como medida cautelar, aunque no hubiera un argumento válido para ello.
En esta ocasión todos ellos deberán permanecer en prisión por un término no menor a un año.
En las últimas horas ha circulado en redes sociales la presunta participación, en este siniestro caso, de un personaje llegado desde Tabasco, quien se habría asentado en la zona de Medellín y quien -según esta versión- tendría interés algunos predios que son propiedad del empresario que fue acusado de pederastia.
Lo cierto es que este caso es emblemático y confirma las opiniones vertidas por el abogado Tomás Mundo Arriasa, quien sobre este caso advirtió: “Ojalá (que la detención de estos servidores públicos) sea la regla y no la excepción, porque en cualquier oficina de la Fiscalía hay quejas contra todos los servidores (…) la queja de los ciudadanos y de los abogados es la misma, que hay corrupción o que las actuaciones no son conforme a derecho ni a la procuración de justicia”.
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Epílogo.
Si la justificación de este lunes se hubiera dado hace dos años, no hubiera variado ni una sola palabra. *** Cuitláhuac García repitió lo obvio: que la masacre de Acultzingo es producto de una guerra entre bandas criminales (guerra que el gobierno conoce, pero no soluciona), y que una de las víctimas (obvio, la culpa es del muerto, que no se puede defender) formaba parte de la banda de “El Bukanas”. *** No explica cómo es que, sabiendo desde hace años de la disputa entre bandas que se padece en aquella zona, no fue sino hasta que se registró la ejecución de siete personas (la madrugada del viernes de la semana pasada) que pidió el respaldo de la Guardia Nacional y del Ejército. *** El gobierno de Cuitláhuac García tiene responsabilidad en este y muchos otros casos de ejecuciones criminales, por la omisión en una de sus tareas fundamentales: dotar de seguridad a los veracruzanos.
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