Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
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¿Deben recibir los candidatos a cargos de elección popular, en casos específicos, protección especial por parte de las autoridades?
Este cuestionamiento se le ha hecho a Pepe Yunes en varias ocasiones, y su respuesta ha sido, en términos generales, la misma: “en Veracruz le exigimos -no como petición sino como exigencia puntual- al gobierno del estado que cumpla con su función mínima, que es la de darle seguridad a todos y que empiece por los ciudadanos que no tienen exposición pública”.
Hay, sin embargo, voces autorizadas que advierten sobre la creciente presencia -y participación- del crimen organizado en los procesos electorales, lo que inhibe la participación de la sociedad en este ejercicio democrático.
El magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña, ya advirtió sobre ese fenómeno. Puso como ejemplo el caso que enfrentó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2021, con las elecciones en Michoacán:
“(El fenómeno de) la violencia por grupos criminales en las elecciones es un elefante en el cuarto de la democracia mexicana y visibilizarla es el primer paso para remediarla. A eso se enfrentó el Tribunal Electoral al resolver la impugnación contra la validez de la elección a la gubernatura de Michoacán”, narró.
Desde entonces se advirtió sobre la creciente manifestación de este fenómeno, y el mismo magistrado explicó las primeras medidas adoptadas al respecto:
“Las soluciones a las amenazas que representan los poderes fácticos como son los grupos delincuenciales requieren de medidas eficaces; de una actitud activa y no pasiva de las autoridades. Por tanto, las autoridades electorales deben actuar para sancionar y prevenir actos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, o afecten el desarrollo libre y pacífico de los procesos comiciales. Así, se ordenó al Instituto Nacional Electoral que, en el ámbito de sus competencias, cree una política electoral nacional para prevenir factores de riesgo de violencia electoral”.
Eso fue hace tres años, en el 2021. Vale la pena recordar fragmentos de una de las crónicas más crudas sobre aquel proceso electoral, de la pluma del periodista Héctor de Mauleón y que intituló: “El día que el cártel de Sinaloa se robó la elección”.
Narró:
“Se le cerraron varias camionetas con hombres armados. Era el 5 de junio de 2021, un día antes de las elecciones intermedias para renovar gobernador, diputados y ayuntamientos (…) en un semáforo, se le adelantaron dos camionetas que no le permitieron avanzar más. Pronto aparecieron otras dos a los lados, y una más atrás. Hubo luces, gritos, portazos. A ella le apuntaron con un arma de alto poder, la obligaron a abrir la portezuela. Lo primero que hicieron fue quitarle el celular”.
Luego de presentar ese caso, el periodista concluyó:
“Esa noche, el Cártel de Sinaloa recorría Culiacán para desactivar a los operadores del PRI. Preguntaban dónde estaba el dinero para movilizar y darle de comer a la gente al día siguiente. Preguntaban quiénes más formaban parte de la estructura priista y dónde se encontraban en aquel momento. Se calculó inicialmente que 20 operadores fueron “levantados” por la gente del Cártel. Pero dada la magnitud de la movilización de aquella noche, los secuestrados podrían ser hasta cien”.
Y finalmente: “Ninguno de los ‘levantados’ quiso denunciar. No hubo un solo abogado dispuesto a llevar los hechos ante el tribunal competente. El PRI local decidió que lo mejor, ‘por seguridad’, era dar vuelta la página. Se pidió a los involucrados callar. Algunos de ellos creen, sin embargo, que el sol no se puede tapar con un dedo y que lo ocurrido esa noche tendrá consecuencias en la vida de Sinaloa (…) Ese día, el narco votó. El cártel se robó la elección”.
Estamos a cuatro meses de que se realice un nuevo proceso electoral (el más grande en la historia de México, toda vez que habrá elecciones concurrentes en los 32 estados del país, y se contará con la participación de más de 97 millones de ciudadanos) y no vemos una estrategia definida, decisiones firmes de las autoridades en este país, para evitar que el crimen organizado se robe la democracia.
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Epílogo.
Hasta 80 mil pesos se dejan pedir jueces de la zona norte (especialmente Papantla y Poza Rica) para “sacar” los asuntos que llegan a sus manos. Saben que para ello cuentan con el respaldo del magistrado Esteban Martínez Vázquez quien, a cambio de una porción del “pastel”, no sólo ratifica sus resoluciones, sino que les endereza las sentencias aplicando “la suplencia de la queja”, cuando los asuntos no tienen solidez jurídica. *** Allá en el norte, la justicia sí tiene precio. *** Es evidente que el conflicto de los empleados de la Secretaría de finanzas (por la modificación, sin previo aviso, de las condiciones generales de trabajo) no ha quedado resuelto. *** el pasado fin de semana el secretario General del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, Acdmer Antonio Galicia Campos dio a conocer que la burocracia no ha recibido una solución al conflicto generado por un dirigente sindical que decidió actuar a espaldas de sus representados. *** “Hay una inconformidad de parte del gremio de trabajadores del Poder Ejecutivo en relación con una reforma a las condiciones generales de trabajo, sobre todo porque estaba siendo ocultada hasta que se suscitó el incidente en Sefiplan”, explicó Galicia Campos. *** Sin avisar a los empleados fue modificada la cláusula 46, que se refiere al periodo vacacional. Muy mal parado queda el sindicato mayoritario, que otorga concesiones al patrón sin informar a sus agremiados.
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