Por supuesto que el presidente López Obrador les dio manga ancha a sus hijos para que vieran la manera de sacar cash en los 6 años de su gobierno. No les dio cargo público, ni lo requerían, pero sí les dio permiso para que colocaran a amigos-cómplices que operaron el trasiego de presupuesto de una dependencia o la asignación de obras. ¿Quién de los funcionarios del gabinete le iba a decir “No” a los hijos de López Obrador? Tan sólo Rocío Nahle, como secretaria de Energía, permitió que Baker Hughes se quedara con contratos millonarios a solicitud de José Ramón López Beltrán. A solicitud de Andy López Beltrán permitió que Amílcar Olán se quedara con grandes contratos en Dos Bocas. Cuando López Obrador se dio cuenta de la dimensión del tráfico de influencias que manejaban sus hijos se puso furibundo.
«Que una cosa era supervisar y hacer negocio, pero otra atascarse», les dijo. Ahora López Obrador está que no lo calienta ni el sol, preocupado por la corrupción de sus hijos.
Anota Raymundo Riva Palacio en su columna de El Financiero: «La gran preocupación de López Obrador es que se marque sobre la frente de sus hijos que sean traficantes de influencias, aunque eso quizás ya es un poco tarde para evitarlo. La relación oscura de su hijo José Ramón con Daniel Chávez, el propietario del Grupo Vidanta, muy cercano al Presidente, fue lo primero que comenzó a generar la percepción de tráfico de influencias. Las recientes revelaciones sobre Gonzalo reforzaron esa idea. Todos los señalamientos en torno a los presuntos negocios de Andrés refuerzan lo que cada vez se asienta más en el imaginario colectivo sobre la corrupción en el corazón del proyecto de López Obrador». ¡Y lo que viene!
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