Aurelio Contreras Moreno / Una denuncia hecha llegar a quien esto escribe evidenció nuevamente que el supuesto “combate” a la violencia contra las mujeres del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez es una brutal farsa y que, por el contrario, el acoso y hostigamiento sexual son práctica común en diferentes dependencias, como la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
La información proporcionada directamente por trabajadores de la SEV refiere un contubernio entre la Subsecretaría de Educación Básica, la Unidad de Género y el Órgano Interno de Control de la dependencia para mantener en la impunidad los casos de acoso y hostigamiento sexual, impidiendo que se dé cauce a las denuncias de las víctimas, que son en todos los casos maestras a las que, por si no fuera suficiente, se les somete a más violencia y a la revictimización desde las instancias encargadas de atender estos casos.
Los denunciantes señalan que desde que el pasado mes de junio de 2023 llegó a la Unidad de Género de la SEV la maestra Jovita Martínez Rivera, por recomendación directa de la subsecretaria de Educación Básica Maritza Ramírez Aguilar –quien con anterioridad ya ha sido señalada por abusar de su cargo para darle “chamba” en la dependencia a sus amigas-, ésta le ordenó que a las denuncias por violencia de género, acoso y hostigamiento sexual se les diera la ruta de primer contacto, pero que buscara la forma de que no procedieran.
Cuatro resolutivos en poder de este reportero así lo confirman. Oficios del Órgano Interno de Control de la SEV, que encabeza Christopher Couttulec Ochoa, fechados el 18 de julio, el 12 de octubre y el 27 de noviembre de 2023, así como uno más del 4 de enero de 2024, llegan a la misma conclusión: que al no encontrarse elementos suficientes para demostrar la existencia de alguna infracción y la presunta responsabilidad de los acusados, se emite un Acuerdo de Conclusión y Archivo, desechando las denuncias y dando por terminados todos los casos.
Esto, refieren los quejosos, a pesar de que existen evidencias probatorias plenamente identificadas como tipo de violencia sexual.
Además de impedir su acceso a la justicia, las víctimas son coaccionadas por las mismas autoridades para desistirse de ratificar sus denuncias, pues las presionan y les dicen que no van a proceder y que busquen la “conciliación” con sus violentadores, cuando ese tipo de violencias no son conciliables.
Uno de los oficios, el del 27 de noviembre, da visos sobre lo anterior. El 22 de noviembre una víctima tenía audiencia para ratificar una denuncia y simplemente no se presentó, por lo que de inmediato se procedió a desechar y archivar la querella.
Los quejosos aseguran que el titular del Órgano Interno de Control de la SEV, Christopher Couttulec Ochoa, es amigo de un hijo de Jovita Martínez Rivera, y que están coludidos para evitar que se impongan sanciones administrativas a los violentadores, quienes a pesar de que el protocolo establece separarlos del cargo en lo que las investigaciones se llevan a cabo, no solo se mantienen ahí sino que incluso participan en actos oficiales.
Así como en la SEV, desde el inicio del gobierno de Cuitláhuac García se han denunciado abusos y actos reiterados de acoso y hostigamiento sexual en dependencias como las secretarías de Gobierno y de Medio Ambiente. El resultado ha sido el mismo: la impunidad.
Y eso que el gobierno de Cuitláhuac García dice tener una Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las mujeres y niñas en Veracruz, y protocolos para atender el hostigamiento y acoso sexual.
Es una burla, pura simulación.
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