Mussio Cárdenas Arellano / Al convivio, la reunión anual que ningún empleado de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz desaira, habría de devenir en un drama, y en miedo, angustia, impotencia y rabia, detonadas por la vileza que impera en la policía estatal.
Concluido el festejo, la noche del miércoles 13, cientos de empleados abandonaron la sede de Sefiplan, en Xalapa. Lentamente avanzaban los automóviles hasta despejar el estacionamiento y las calles aledañas. Cuando sólo quedaban algunos vehículos, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública cazó a su víctima.
Ordenaron detener la marcha, descender del automóvil y les imputaron que tenían aliento alcohólico, sin realizarle la prueba de alcoholemia. Les pidieron 500 pesos para dejarlos pero en ese momento llegó una segunda patrulla y decidieron remitirlos al cuartel. Comenzaba la pesadilla.
Trasladados al cuartel de San José, donde los inocentes suelen entrar vivos y salir muertos, los sometieron al alcoholímetro, no sólo la conductora del vehículo sino también los pasajeros, como si todos hubieran manejado el auto. A la propietaria del auto —de identidad reservada— le determinaron el máximo grado de intoxicación. Había ingerido sólo media copa de sidra y la policía magnificó el dictamen.
No fue retenida. Le diagnosticaron el máximo grado y no se le puso a disposición de la Fiscalía. El fin fue conminarla a pagar una multa de 11 mil 890 pesos para recuperar su automóvil. Así, claramente una extorsión.
Se retiró a su domicilio sin que los elementos de la Policía Estatal le hubieran entregado un sólo documento que acreditara que su automóvil se hallaba retenido en el cuartel de San José.
Más de 11 mil pesos, refiere la propietaria del automóvil, representa más de una quincena de su salario. “Y no los tengo —señala—. Y mis hijos y yo no nos vamos a quedar sin comer por pagar una multa que no tiene razón de ser”.
Apunta:
“Nunca me mostraron el resultado de la prueba. Ni me los entregaron ni me los mostraron. Me dijeron que yo no los podía ver la hoja y lo que escribió la doctora”.
Los policías se negaban a proporcionar sus nombres hasta que mandos superiores los conminaron a revelarlos. La agraviada sostiene que el único que accedió fue un elemento al que identifica como José Fernando Torres.
Del pago de la multa, la conminaron a pagar a la brevedad: debe ser en un sólo día y la cantidad completa. “¿O qué, vas a perder tu vehículo?”, le dijo el policía. Después ofreció reducir la multa a 8 mil pesos.
“No me dejaron ver el documento —indica la agraviada—. ¿Cómo puedo creer lo que me dicen? Me imputaron un delito que yo no cometí. Es un atropello. Me siento asaltada, así, vilmente. Me siento víctima de la delincuencia uniformada”.
Transcurridas las horas, comenzó a recibir llamadas telefónicas. Se identifican como policías que ofrecen ayudarla. La instan a que se presente en el cuartel de San José a arreglar el problema de su vehículo.
“Me violaron mis derechos”, acusa.
Son los esbirros del secretario de Seguridad, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla. Es la mafia que mantiene incrustada el ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, la pieza con la que Rocío Nahle sembró el terror político y social en Veracruz.
Es la policía de la Cuarta Transformación.
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