El presidente Andrés Manuel López Obrador no oculta su inquina contra el poder judicial. Desde su fallido intento, de alargar el tiempo como presidente de la suprema corte de justicia de Arturo Saldívar y de su penosa insistencia en colocar a Yasmín Esquivel al frente de dicho organismo, el ejecutivo federal no ha dejado de insultar, y cuestionar el trabajo de los ministros. No por algo, le ha ordenado a Claudia Sheinbaum que, si se alza con la victoria, continúe su ataque contra el poder judicial y ejecute el llamado Plan C, intención que pretende que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por medio del voto popular.
Sin embargo, no será fácil, ya que miembros del poder judicial que consideraban incondicionales, como las ministras Loretta Ortiz Alilf y Margarita Ríos Farjat, ya han dado muestra de que también están en contra de la reforma para como lo propone el presidente López Obrador.
Esta postura significa un duro golpe a este proyecto conocido como el Plan C, ya que el presidente López Obrador, consideraba que tenían seguros estos votos. Por lo pronto, el destino del Plan C, seguramente será el bote de la basura.
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