Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
La Universidad Veracruzana (UV) inclinó la cerviz. *** El Consejo Universitario aprobó que se acepte la propuesta de presupuesto que presentó el gobierno de Veracruz, que contempla 3 mil 657 millones 530 mil pesos de subsidio estatal ordinario para el ejercicio fiscal 2024 y un incremento de 593 millones 100 mil pesos. *** En un comunicado, el rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez, remarcó las “diferencias” que existen en la interpretación de la Constitución local, entre el Ejecutivo y la UV, y reiteró que los argumentos de la institución están basados en un análisis legal y técnico, y siguen apuntando a que la cantidad presupuestada por el gobierno estatal para el 2024 “no representa el 4 por ciento al que tiene derecho la Universidad Veracruzana conforme al artículo 10 de la Constitución del Estado de Veracruz y los transitorios que lo determinan”. *** Ante la declaración pública del Ejecutivo, de que el aumento al presupuesto de la UV sería de 867 millones 730 mil 600 pesos, el comunicado aclara que esa suma también corresponde al incremento del presupuesto que el Congreso federal asigna directamente a la Universidad y el Estado solo lo transfiere. *** En su proyecto de Presupuesto 2024, el gobierno estatal basa su cálculo en “los ingresos de libre disposición”, que suman 63 mil 874 millones 740 mil 580 pesos. De esa cantidad, el 4 por ciento corresponde a 2 mil 554 millones 989 mil 623 pesos y por ello, el Gobierno del Estado sostiene que está cumpliendo con lo que le corresponde a la UV. *** Los integrantes de la Comisión precisaron que “en ningún caso y en ninguna circunstancia se negociará el mandato constitucional, lo que se ha negociado con voz y acción pacífica, a la vez imperante para el bien institucional, es la forma en que se van a hacer llegar los recursos y un presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de todas las entidades académicas y dependencias de las cinco regiones universitarias”, apunta el comunicado. *** La Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario propuso que se acepte la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, lo que fue aceptado por la mayoría de los consejeros (a favor 212, en contra 42 y 25 abstenciones). *** “Se dejó en claro que lo anterior no implica que la Universidad Veracruzana deje de solicitar para los siguientes ejercicios presupuestales el 4 por ciento del presupuesto general del Estado que le corresponde de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Veracruz”. *** Cedieron en el presupuesto del 2023, lo volvieron a hacer en el del 2024, pero “amenazan” con que el próximo año volverán a exigir lo que por Ley le corresponde a esa casa de estudios. *** De verdad, dan pena.
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Lo mostrado la mañana de este martes en la conferencia de prensa del presidente López Obrador da muestras claras del abuso de una tribuna nacional, costeada con dinero público, para difamar a todo aquel que se confronta a la versión oficial de los hechos.
Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad Pública, introdujo en una sección a la que bautizó como “Cero Impunidad”, tres casos ocurridos en Veracruz, en los que actores políticos consiguieron -después de muchos meses- su libertad, al demostrar que las acusaciones con las que fueron procesados carecían de sustento.
“Ahora tenemos algunos casos de jueces que protegen a presuntos (sic), con sus decisiones protegen a algunos delincuentes”, expresó el funcionario federal, quien no definió si las personas “defendidas” por jueces federales eran delincuentes o eran “presuntos”, como se les suele calificar en el ámbito policiaco.
Luego de la explicación de cada caso, se entiende que al menos dos de los mencionados que obtuvieron su libertad gracias a amparos concedidos por la justicia federal, no habían sido sentenciados, por lo que debería prevalecer lo que en el ámbito jurídico se conoce como “presunción de inocencia”.
El primero caso al que se refirió fue al de Tito Delfín Cano, exalcalde de Tierra Blanca. El 24 de abril de 2023 el juez José Ezequiel Santos Álvarez le otorgó un amparo para dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso decretado en su contra el 24 de septiembre del 2022 por delitos ambientales, y ordenó su absoluta e inmediata libertad. Dicha determinación fue confirmada de manera unánime por los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
Rodríguez Bucio narra que el argumento del juez Santos Álvarez para ordenar su libertad fue que -al acusado- no se le puede considerar partícipe de delitos ambientales por el sólo hecho de haber firmado la contratación a una empresa para la limpieza del municipio, misma que contaminó el medio ambiente en Tierra Blanca por tirar basura a cielo abierto.
El subsecretario argumenta en contra de la decisión del juez de distrito, que “la fiscalía de Veracruz presentó como medios de prueba dictámenes en materia pericial en criminalística y en materia ambiental que acreditan como irreversible el impacto ambiental generado”.
Es evidente que lo que estaba a discusión no era si se había causado un daño al medio ambiente; lo que tuvo que definir el juez fue si Tito Delfín tenía alguna responsabilidad en ese daño, lo que no pudo ser demostrado por la Fiscalía.
Habló también del amparo concedido al exsecretario de gobierno de Veracruz Rogelio Franco Castán, acusado de contratar de manera ilegal una empresa extranjera de estudios e imagen pública, “presuntamente para posicionar al hijo del entonces gobernador del estado de cara a la elección del 2018”.
El juez Fermín Santiago otorgó el amparo para dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso decretado en su contra en diciembre del 2022 por los delitos de peculado equiparado y ejercicio indebido del servicio público, y ordenó al juez de control dictar la no vinculación “por falta de elementos para procesar”.
Esa resolución fue confirmada por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
Respecto a Gabriel Deantes, exoficial mayor de la Secretaría de Educación, exsubsecretario de Finanzas y exsecretario del Trabajo, explicó que éste fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión. Sin embargo, la juez Zarahí Escobar Acosta le otorgó un amparo para dejar insubsistente la audiencia del 15 de junio del 2023 en la que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de enriquecimiento ilícito. Ordenó al juez de control que citara a una nueva audiencia y con plenitud de jurisdicción determinara variar o no la prisión preventiva.
El juez local de Pacho Viejo, René Ortiz Sartorius, impuso resguardo domiciliario como medida cautelar. Sobre la sentencia de seis años y seis meses de prisión, dijo que ésta no ha causado ejecutoria “pues hay un recurso de apelación pendiente de resolver”.
No hay pues, en la narrativa, ningún detalle irregular por parte de los jueces federales, y sí la confirmación de que los fiscales encargados de esos casos no fueron capaces de sustentar sus señalamientos, por lo que la consecuencia jurídica tenía que ser la liberación de los procesados.
Pero como son funcionarios “del pasado corrupto”, en la lógica del presidente los jueces debieron pasar por alto todas las inconsistencias de la acusación y confirmarles su sentencia. Esa es la “justicia” de López Obrador.
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Epílogo.
Nada de esto es “herencia de los conservadores”. Se trata de personas que desaparecieron en la actual administración y cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina ubicada muy cerca de Xalapa. *** La fosa contenía cinco cuerpos, entre ellos los de Marilú Galicia Hernández y su hijo, un niño de 3 años, Jadiel David García Galicia, quienes eran buscados desde el 16 de agosto del 2023 tras desaparecer en la capital del estado. *** Este martes la Fiscalía de Veracruz confirmó el hallazgo de la fosa que en realidad tuvo lugar una semana antes, el martes 7 de noviembre. *** Los cuerpos hallados corresponden a dos hombres y dos mujeres adultos, además del niño. Todos estaban contenidos en bolsas de basura y enterrados en el mismo lugar. *** El sitio se localizó en parcelas ejidales de la localidad El Castillo, municipio de Xalapa. En octubre se había hallado otra fosa clandestina con otros cinco cuerpos en la misma localidad, ubicada a 15 minutos de Xalapa. *** Esto pasa cuando no se cumplen los compromisos. La presa “Yuribia”, en el municipio de Tatahuicapan, en el sur de Veracruz fue tomada, una vez más, este martes. Como consecuencia de ello, miles de habitantes de Coatzacoalcos y Minatitlán dejarán de recibir agua potable. *** El cierre de la presa es encabezado por el alcalde de Tatahuicapan, Eusebio Hernández Cortés quien, junto con ediles y agentes municipales, reclama obras que -dijo- no se están ejecutando. *** Reclaman la construcción del tramo Los Ocotales y la pavimentación del camino Tatahuicapan-Pajapan.
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