A López Obrador no le interesa ahorrar, lo que le interesa es vengarse de los ministros de la Suprema Corte que han estado deteniendo sus lesivas reformas. Han sido varios los golpes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha parado al presidente. Algunos de esos golpes hubieran afectado de manera muy grave a la población y a la democracia en el país. Por ello, porque no lo han dejado operar a capricho, López Obrador ha llevado, desde hace meses, una campaña contra el Poder Judicial que la tarde del martes 17 de octubre culminó con la desaparición de 13 fideicomisos, algunos de los cuales afectarán a los trabajadores del Poder Judicial.
Es por ello que los trabajadores del Poder Judicial se han estado manifestando, han exigido a los diputados que no permitan una acción, sin embargo, los diputados de Morena no tienen voluntad propia ni capacidad de reflexión. Ellos votaron como se los pidió su presidente. Si bien es cierto, algunos de los fideicomisos pueden parecer privilegios para los ministros de la Suprema Corte, la mayoría de los fideicomisos que desaparecerán tiene que ver con las pensiones, prestaciones y servicios médicos para el personal del poder Judicial.
Todavía, para echarle más sal a la herida, el presidente, desde su púlpito de la mañanera, declaró que defender esos fideicomisos es un “pecado social”. Si a esas vamos, la defensa que él ha hecho de corruptos como Ignacio Ovalle, Rocío Nahle, Salvador Cienfuegos, Manuel Bartlett y otros, deberían ser pecados de lesa humanidad.
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