Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Es curioso que el secretario de Gobierno, Éric Cisneros, reaccione de la misma manera que el gobernador, Cuitláhuac García, cuando los señalan de incurrir en actos ilegales. *** Apenas hace muy poco tiempo, el diputado Marlon Ramírez Marín denunció una amplia red de complicidades en el sector salud -y, al parecer, en buena parte del gabinete- para cometer actos de corrupción que, al menos hasta donde había escarbado el dirigente priista, sumaba más de mil 500 millones de pesos. *** El gobernador no negó los hechos, se limitó a “sugerir” al legislador, que “si tenía pruebas de sus dichos” presentara las denuncias en los órganos competentes. *** Este fin de semana, el exdelegado para los Programas Sociales del gobierno federal, Manuel Huerta, llamo la atención a los medios de comunicación sobre la resistencia de Rocío Nahle y de Éric Cisneros a renunciar a sus cargos, a pesar de que ya se inscribieron para competir por la candidatura al gobierno estatal. *** “Están como esos que dicen que se van y se van y no han renunciado y que luego niegan a sus amigos… si ellos los pusieron en los cargos. Y si ya no son amigos, al menos tienen un amigo en común, el que manda (el gobernador) al que es el número dos (Cisneros), pero que realmente parece que es el número uno”. *** Eric Cisneros tomó nota de la alusión y le envió su respuesta. “Si él tiene pruebas de sus dichos, pues que las presente; no creo que sea ante los medios de comunicación donde tenga que dirimirlos; el partido tiene instancias para recibir lo que cada compañero o compañera represente”. *** Pruebas de que Éric Cisneros se ha servido del aparato del estado para promover su imagen, las hay y en abundancia. Basta con recorrer la entidad y contar los anuncios espectaculares y las bardas pintadas con su nombre. *** es evidente que algunos de los que “aspiran” desde Morena, a cargos de elección popular, están blindados y pueden violar leyes y reglamentos sin el menor rubor.
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Uno más que se les va.
En realidad, a estas alturas las calificaciones para la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández, no deben ser muy buenas, pues uno a uno, todos los casos “de consigna” (esto es: los que le encarga de manera personal el gobernador de Veracruz) se le han ido cayendo.
Hay dos explicaciones para tanta ineficiencia: o no han logrado sustentar jurídicamente los procesos iniciados contra exservidores públicos que sí violaron la ley, o no han sabido “fabricar” las pruebas para retener a personas que son inocentes y que se han sabido defender.
Esta semana, luego de permanecer recluido en el penal de Pacho Viejo durante tres meses y 20 días, Gabriel Deantes fue enviado a su domicilio, para que continúe desde ahí el proceso penal que le inició la Fiscalía estatal.
Gabriel Deantes fue detenido el 15 de junio de este año, acusado de enriquecimiento ilícito, proceso que le fue iniciado cuando quien encabezaba la Fiscalía Luis Ángel Bravo Contreras.
Por tratarse de un delito patrimonial, no considerado grave, Deantes acudía a firmar de manera periódica a los juzgados de Pacho Viejo. Sin embargo, este año el juez de control le modificó la medida cautelar a prisión preventiva “justificada”, por lo que fue internado en el penal de Pacho Viejo.
El argumento para su detención fue que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción había conseguido un fallo condenatorio de 6 años y seis meses de prisión, en su contra, por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del servicio público.
La condena incluía su inhabilitación para trabajar en el servicio público, el decomiso de sus cuentas bancarias, el pago de 58 millones de pesos y una multa equivalente a 100 días de salario mínimo.
La sentencia, sin embargo, fue apelada por la defensa de Gabriel Deantes, pero ver que el juez del proceso se negaba a dar trámite a su recurso, se promovió el amparo 224/2023. Mientras se desahogaba este procedimiento, el juez que veía su caso turnó la apelación, que permitió -en principio- modificar la medida cautelar y dar seguimiento desde su domicilio al juicio.
Los descalabros jurídicos de la FGE se han multiplicado. Quizá el caso que detonó la caída -como “efecto dominó”- de los procesos contra presos políticos, fue el de José Manuel Del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, quien fue acusado de homicidio por la Fiscalía de Veracruz, y fue dejado en libertad en junio del 2022, luego de pasar seis meses privado de la libertad.
Al mes siguiente fue dejado en libertad Pasiano Rueda, alcalde electo de Jesús Carranza, a quien se le acusó primero de “ultrajes a la autoridad” y después (cuando ese delito fue declarado inconstitucional) se le varió la imputación a narcomenudeo y portación de arma de fuego
Rogelio Franco Castán, quien fuera secretario de Gobierno en el mini-gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, fue detenido en marzo del 2021, acusado de “ultrajes a la autoridad”, cuando se resistió a ser aprehendido, pues contaba con una suspensión que lo protegía.
Desde entonces, hasta su liberación en agosto del presente año, los abogados de Rogelio Franco combatieron al menos siete carpetas de investigación que le fueron abriendo de forma paulatina, con el fin de evitar que consiguiera su libertad.
La juez Angélica Sánchez, quien fue detenida por dar cumplimiento a la sentencia de un Tribunal Colegiado, consiguió su libertad en agosto del presente año.
Apenas la semana pasada, la periodista Viridiana Bretón Feito dejó la prisión y la cambió por resguardo domiciliario, luego de que fuera detenida, acusada de “incitar” a productores de café a causar estragos en una empresa particular.
Antes del emblemático caso de Del Río Virgen, obtuvieron su libertad el exsecretario de Seguridad, Arturo Bermúdez (diciembre del 2018), el extitular de la Comisión del Agua, Francisco valencia (diciembre del 2018), el exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib (marzo del 2019) y el exfiscal Luis Ángel Bravo (octubre del 2019).
Antes de que concluya la gestión de Cuitláhuac García habrá de abandonar la prisión el exalcalde de Tierra Blanca y -justo al momento de ser detenido- aspirante a la dirigencia estatal del PAN, Tito Delfín Cano, a quien le acusaron, primero, de incurrir en incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y fraude, y más tarde, cuando esas imputaciones fallaron y era dejado en libertad, por delitos ambientales, los que tampoco han sido comprobados por la Fiscalía.
Quizá Cuitláhuac García suponga que los veracruzanos tienen mala memoria. No es así. Muchos recuerdan aquello que él mismo dijo en julio del 2018, cuando ya era “gobernador electo”, pero aún no asumía el cargo.
“Yo conozco la ley y si otro no la conoce, debe tener claro que las fiscalías investigan y los jueces meten a la cárcel; eso es la que dice la ley, no existe la atribución del gobernador de meter a la cárcel a nadie (…) Si un gobernador hace uso de sus atribuciones para meter a alguien a la cárcel, está violando la ley. Entonces se cae en un problema grave, que puede ser un pretexto idóneo para que el acusado argumente violación al procedimiento”.
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Epílogo.
Para que dejen de comerse las uñas. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que el próximo viernes 13 de octubre se darán a conocer las listas de candidatos a participar en las encuestas en cada entidad, donde habrá elección a gobernador, incluyendo Veracruz. *** “Ya se hicieron las encuestas de reconocimiento y este jueves a las 12 del día, vamos a tener en cada entidad que va a elección, una reunión con los aspirantes porque se les van a mostrar los resultados. Posteriormente, la Comisión de Elecciones sesionará el viernes, para que se publiquen los nombres de quienes van a ir a la encuesta final”. *** Manuel Huerta ya asegura en sus mítines que él ya tiene un lugar garantizado en esa encuesta, y lo mismo presume Sergio Gutiérrez. Muy pronto sabremos si lo que presumen es real. *** La tarde de este martes, en la colonia Yucatán de Martínez de la Torre, en un lote baldío, fue localizada una bolsa que contenía restos humanos. No hay información sobre la identidad de la víctima, una más de la fallida estrategia de seguridad del gobierno de Veracruz.
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