Claudia Guerrero Martínez / Un verdadero peligro la administración de Cuitláhuac García Jiménez, al violentar los derechos constitucionales y jurídicos de muchas víctimas que están presas en las diferentes cárceles del Estado y del país, por intereses oscuros y venganzas malsanas, como ocurre en contra del hoy preso político y exfiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, quien fue destituido ilegalmente del cargo, para luego, emprenderle una cacería y detenido en Oaxaca, con base a delitos fabricados por tortura, bajo falsas declaraciones hechas por el guardaespaldas de Luis Ángel Bravo Contreras, este último investigado por desaparición forzada y omisiones a deberes legales, integradas en la investigación ministerial que se ventila en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Uno de los casos más indignantes es el de Jorge Winckler Ortiz, junto con algunos de sus colaboradores también detenidos. La Fiscalía General del Estado olvidó que Winckler Ortiz fue nombrado por nueve años como fiscal general y fue separado ilegalmente del cargo en una pírrica sesión permanente, gracias a una minoría de rapaces diputados locales quienes obedecieron un plan diseñado por el secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos y el líder de la JUCOPO Juan Javier Gómez Cazarín para quitar a Winckler por no convenir a sus intereses.
A partir de ahí, la FGE se convirtió en una fábrica para crear investigaciones ministeriales infundadas, sin pies, ni cabeza y utilizada para la persecución política de actores, empresarios, activistas y políticos durante el Proceso Electoral del 2021. Durante la ilegal designación de la actual fiscal general Verónica Hernández Giadans, sin experiencia en el Derecho Penal y nunca pisar un juzgado, tampoco comprobó tener los exámenes de confiabilidad, ya que su prima hermana Guadalupe Hernández Herviz estaba presa en la cárcel por ser operadora de grupos criminales en la zona de Los Tuxtlas, hasta Coatzacoalcos. Y este vínculo le impedía ser fiscal general. Eso explica, que a las siguientes semanas, la prima “Lupita” Hernández fue apoyada para dejar la cárcel y quizá, el país, pues sus propiedades están en completo abandono, según personas que la conocen.
Detenido en julio del 2022, Jorge Winckler Ortiz ganó un amparo para que su juicio fuese mediado por un juez federal y no por el de Pacho Viejo. El Tribunal Colegiado de Circuito en Veracruz ordenó al juez de control del penal en Coatepec declararse incompetente y ser las instancias federales quienes lleven este lamentable caso de fabricación pruebas e imputaciones falsas realizadas por la FGE.
Y lo que hizo la FGE de Veracruz fue una clara violación a los derechos constitucionales del procesado, ya que fue traído a Pacho Viejo para llevar su audiencia ante el juez de control y así dejar sin efecto dicho amparo, pues como delincuentes de poca monta, no respetaron el mandato del juez federal, ni el recurso de “Prórroga de jurisdicción”, fundamentado en el Artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por eso la urgencia de traerlo al Penal de Pacho Viejo, donde Jorge Winckler Ortiz peligraba, exponiendo su integridad física y mental por el simple hecho de evitar que el juez local se declarara incompetente y fuese una autoridad federal la que lleve el caso del exfiscal de Veracruz. El gobierno de Cuitláhuac García pretende ocultar el desaseo en esta Carpeta de Investigación llena de inconsistencias, mentiras, así como la falsa declaración con dolo, por parte del guardaespaldas y chofer del exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras.
Y aseguramos que es el exfiscal general Luis Bravo Contreras, quien deberá atender los señalamientos por desaparición forzada en el caso de Javier Duarte, así como realizó omisiones a deberes legales, como las denuncias interpuestas por la autora de esta columna en contra del que ahora se ostenta como periodista Juan Antonio Nemi Dib por presuntos desvíos de recursos en su administración en la Secretaría de Salud, así como los daños a propiedad ajena, en dos ocasiones, perpetrados por la agrupación 400 Pueblos. Sobre estas denuncias, Luis Ángel Bravo Contreras realizó omisiones a deberes legales y frente a testigos, este exfiscal de Veracruz aseguró a Claudia Guerrero Martínez que habría castigo para los señalados y se aplicaría la ley, cosa que nunca cumplió.
Por eso, dudamos de la declaración del guardaespaldas y chofer de Luis Ángel Bravo Contreras, quien fue usado como arma ejecutora y prestarse a declarar muchas mentiras, con el fin de detener a Jorge Winckler Ortiz. Recordamos esas reuniones de “Seguridad por la Paz” en Palacio de Gobierno, en Xalapa, en las que acudían funcionarios de alto nivel y militares, siendo el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, hombre corriente e irrespetuoso, quien cuestionaba el trabajo de Jorge Winckler, así como le gritaba, lo insultaba y le exigía una y otra vez su renuncia, humillándolo frente al propio Cuitláhuac García.
No olvidemos que a Eric Cisneros Burgos lo nombró el gobernador y a Jorge Winckler una mayoría de diputados del Congreso de Veracruz y lo quitan otros legisladores, en una sesión ilegal y con minoría.
Después de ser llevado al Penal de Pacho Viejo, en Coatepec, este pasado fin de semana, Jorge Winckler fue literalmente sacado de este reclusorio para ser llevado al Penal de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México y no en el que estuvo por más de un año, considerado de máxima seguridad en el Altiplano. Con base a declaraciones de abogados de la defensa, el “Santiaguito” es uno de los penales más peligrosos del país y existe sobrepoblación.
¿Cuál es la verdadera razón para seguir manteniendo preso a Jorge Winckler? La respuesta: Venganza y control de la FGE para hacer negocios, detenciones arbitrarias y persecución de actores políticos, quienes estorban para el control del poder en Veracruz.
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