*La publicación “Contralora general de Veracruz compró en nueve meses tres propiedades por más de $4 MDP” comprueba actos de corrupción tipificados como delitos graves
Claudia Guerrero Martínez / La Contraloría General del Estado de Veracruz, en este sexenio, se ha caracterizado por ser omisa y su actual titular, sin perfil para el cargo por ser Ingeniera en Alimentos, Mercedes Santoyo Domínguez ha demostrado su desconocimiento en temas de fiscalización, investigación y permite actos de corrupción en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Y cuando el jefe roba, los demás hacen lo mismo. Lo interesante es que sin tener figura jurídica y dándole un poder que no merece, la secretaria particular de Verónica Hernández Giadans, Erika Hernández Romero se sintió fiscal por 10 minutos y mandó un oficio firmado por ella misma ordenando a la directora de Investigaciones Ministeriales, Marcela Aguilera Landeta, con el número de Oficio FGE/OF/11047/2022, para darle curso al escrito firmado por Mercedes Santoyo para formal denuncia en contra de la periodista Claudia Guerrero Martínez.
Y fue la fiscal general Verónica Hernández Giadans quien se “lavó las manos” y envió a su asistente o “chacha”, para que ella, Erika Hernández Romero, fuese la culpable y ordenara por escrito abrir una Carpeta de Investigación a una periodista en Veracruz, por un delito que violenta la Libertad de Expresión.
En una primera parte titulada: “Contralora General Mercedes Santoyo denunció a la periodista Claudia Guerrero por “violencia a la intimidad”, con la liga: https://periodicoveraz.com/contralora-general-de-veracruz-compro-en-nueve-meses-tres-propiedades-por-mas-de-4-mdp/ dimos a conocer datos reveladores de cómo Mercedes Santoyo Domínguez se le hizo muy fácil interponer una denuncia en contra de la autora de esta columna, por el simple hecho de publicar el 19 de octubre del 2022 datos reveladores sobre posibles actos de corrupción perpetrados por la actual contralora general del Estado de Veracruz y eso molestó mucho a la funcionaria estatal, no por evidenciar sus tres nuevas propiedades pagadas de contado en tan sólo nueve meses, sino por haberlas hechas públicas, asegurando que la periodista ejerció “violencia a la intimidad”.
Con base a este delito “Violencia a la intimidad”, tipificado como no grave, aplicada a esta Carpeta de Investigación, se nos acusa de haber divulgado información confidencial, omitiendo el criterio jurídico de que Mercedes Santoyo Domínguez es funcionaria pública, su actuar es público, su sueldo es con recurso público, por tanto, cada actuación que realice como contralora general puede ser publicado, comentado, criticado, juzgado, entre otras acciones periodísticas.
Si nuestro delito es denunciar actos de corrupción dentro de la Contraloría General del Estado, sería conducente que otras instancias como la Fiscalía Anticorrupción, perteneciente a la FGE encargada de investigar a funcionarios públicos estatales, también intervenga en este caso y sean ellos los que decidan si el comprar tres casas con valor de $4 millones de pesos, en menos de nueve meses y pago de contado, sea o no un delito que se persigue de oficio, siendo ella funcionaria pública y luego, en claro abuso de poder cambia su declaración patrimonial y asegura que estos inmuebles fueron adquiridos cuando era maestra en una universidad privada.
Cabe mencionar, que este es un delito tipificado como grave en claro abuso de autoridad, corrupción y tráfico de influencias.
Si el hacer nuestro trabajo, nos acusan de ejercer el periodismo de manera dolosa, lo cierto es que a los funcionarios evidenciados por actos de corrupción como el caso de Mercedes Santoyo Domínguez deben pasar por el tamiz del escrutinio y fiscalización para evitar que estos funcionarios se enriquezcan con dinero de los veracruzanos.
En la Carpeta de Investigación omiten olímpicamente muchas acciones ministeriales y no les diremos cuáles, que violentan nuestros derechos, puntualizando que ya tiene casi un año de ser presuntamente conformado este expediente, cuando en realidad, lo que hicieron desde la oficina de Verónica Hernández Giadans es haberla integrado hace dos meses, ponerle fecha anterior y con las prisas, realizaron delitos que también son considerados para una denuncia y demanda por parte de la periodista Claudia Guerrero Martínez.
Si bien la Ley castiga a quien declara Falsedad ante la Autoridad, bajo el Artículo 333 del Código Penal Vigente, Mercedes Santoyo Domínguez nunca negó la existencia de estas casas, ni el pago de ellas, ni la cantidad que pagó para su adquisición, ni haber sido de contado. Lo que reclama en toda la Carpeta de Investigación es haber publicado sus datos personales, olvidando que siendo funcionaria pública, pasan a ser datos públicos que se manejan en la administración estatal.
Hoy, con un correo electrónico, el SAT te identifica dirección, CP, teléfono, RFC, CURP, hasta tu opinión ante la Secretaría de Crédito Público. Por eso, es absurdo desviar la atención por proteger sus datos personales que como funcionaria son públicos y omitir el verdadero planteamiento de ser dueña de tres inmuebles sin explicar cómo los pagó y la procedencia del dinero, ante un delito de lavado de dinero y actos de corrupción.
Lamentable que la periodista Claudia Guerrero Martínez sea la más investigada en Veracruz, buscando hasta por debajo de las piedras debilidades, pasajes oscuros, pasado tormentoso y su vida personal, sin encontrar nada.
Otro dato importante: La información revelada en la columna “Contralora general de Veracruz compró en nueve meses tres propiedades por más de $4 MDP”, sus generales son los mismos datos que se muestran en su credencial del INE y que Mercedes Santoyo presentó junto con la denuncia ante la FGE, confirmándose ser cierta la nota periodística publicada en el 2022 y Claudia Guerrero no cometió ningún delito, pues el tema es de interés público y expone posibles actos de corrupción.
La investigación fue más allá, cuando la Unidad Cibernética de la FGE investigó a muchos portales que me publican la columna Entre lo utópico y lo verdadero, así como Mercedes Santoyo Domínguez pidió que se revisaran computadoras e historial de empleados en una cacería para saber quién había filtrado esta información, confirmándose ser cierta, ya que la contralora general en ningún momento ha negado, bajo declaración ministerial.
Limitamos divulgar más datos, pues es parte de la defensoría jurídica, pero les garantizamos que nos vamos a defender con todo y contra todo, advirtiendo que seguiremos denunciando los actos de corrupción y llegaremos muy lejos en nuestra defensoría.
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