Una crisis interna

Crisis
Éric Cisneros Burgos, Cuitláhuac García Jiménez, Juan Javier Gómez Cazarín FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez /

Prefacio. 

México dio un gran paso en la lucha por rescatar la transparencia. *** La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el recurso de reclamación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y le autorizó a sesionar con sólo cuatro integrantes. *** Este permiso se dio después de que el Senado faló en su obligación de nombrar a los comisionados pendientes del Instituto. *** A través de la queja 229/2023-CA, el INAI reclamó que la ministra Loretta Ortiz Ahlf no había otorgado la suspensión, y durante la sesión de este miércoles, los ministros revirtieron esa decisión, y abrieron la puerta a la institución para que siga con sus labores. *** El INAI no ha podido llevar a cabo sesiones desde abril pasado, cuando tres de sus comisionados concluyeron su periodo. Eso provocó que no se cumpliera con el quorum establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala que se requieren al menos a cinco comisionados para que se lleven a cabo las sesiones. *** Desde entonces el INAI únicamente ha podido llevar a cabo sesiones extraordinarias para cumplir con resoluciones judiciales que le ordenaban revisar decisiones que fueron impugnadas en tribunales. *** El 2 de agosto pasado, la organización internacional Artículo 19 urgió al Alto Tribunal a conceder esta suspensión ya que “el INAI no puede resolver los 7 mil 570 recursos de revisión”. *** El presidente López Obrador dijo en diciembre que estaba a favor de la desaparición del instituto. *** El Pleno del Instituto señaló su preocupación por las “constantes descalificaciones” del presidente, quien calificó al INAI como un “cero a la izquierda”. *** Este gobierno federal, como ningún otro antes, ha clasificado la información más relevante de su administración, para evitar que se conozcan los detalles, lo que se hubiera evitado si el INAI estuviera funcionando normalmente.

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La denuncia del diputado Juan Javier Gómez Cazarín cayó como cubetazo de agua helada: dijo que había recibido amenazas y que había una campaña en redes sociales para dañar su imagen.

Él no quiso mencionar su nombre, pero los reporteros lo cuestionaron sobre su relación con el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos. El legislador lo dejó muy claro.

«No tengo ningún problema con el secretario, pero tampoco puedo decir que es mi amigo, porque no es mi amigo… No es mi enemigo, pero tampoco es mi amigo, así lo puedo decir abiertamente”.

Las diferencias entre el funcionario estatal y el legislador han ido escalando, y eso obligó al propio gobernador Cuitláhuac García a intervenir.

“Obviamente esa labor que hace el diputado Cazarín no es sencilla y hay a quien no le parece eso y debe tener alguna amenaza, pero no es así, no es por inseguridad”, explicó el mandatario estatal.

Qué lejos parece aquel año 2018, cuando -luego de haber obtenido la victoria en las urnas- el gobernador electo, Cuitláhuac García, le encargaba a Eric Cisneros (de quien ya se sabía que ocuparía la posición número dos en el gabinete) que recorriera el estado y se hiciera acompañar por sus dos más cercanos aliados: Zenyazen Escobar (a quien ya se le perfilaba para la Secretaría de Educación) y Juan Javier Gómez Cazarín, diputado local electo, quien ocuparía la posición del gobernador en el Poder Legislativo.

Eran los tiempos de la euforia por el triunfo, los tiempos en los que todos se prometían lealtad y trabajo conjunto para impulsar al unísono la transformación a la que había convocado el presidente electo, López Obrador.

Pero en la política a la veracruzana hay un apotegma que se fortalece en cada ciclo político: “cercanía mata jerarquía”.

Y aunque Éric Cisneros era el “número dos” del gobierno estatal, aunque coordinaba el gabinete de seguridad, las voces que más escuchaba el gobernador era la de esos dos jóvenes e inexpertos servidores públicos que le encargaron “placear” antes de tomar posesión.

Pero hay otra sentencia surgida de la vieja escuela política: “el poder no se comparte, se ejerce”, por lo que la primera gran confrontación entre los “operadores” del gobernador, fue la disputa por el poder.

¿Quién quita a Winckler? ¿Quién pone a su sucesor? ¿Quién quita a Sofía? ¿Quién pone a su sucesora? ¿Quién opera las elecciones intermedias? ¿Quién pone a los candidatos? ¿Quién es el enlace con Rocío? ¿Quién le genera a la candidata una estructura sólida?

Cada una de esas tareas le abonaba condecoraciones a alguno de los “operadores” del gobernador y les acercaba a posiciones más relevantes conforme se acercaba el fin del sexenio y la sucesión dominaba los debates políticos en la entidad.

A Morena le pasa hoy lo que le sucedió al PRI en la segunda mitad del siglo pasado: nutrió a la oposición con varios de sus mejores hombres y generó confrontaciones internas que desgastaron al partido. Era cuando se decía: “el peor enemigo del PRI son los priistas”. Hoy, frente a una oposición dubitativa, el peor enemigo de Morena son sus propios actores políticos.

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Epílogo. 

Javier Duarte de Ochoa retomó la querella contra la Fiscalía de Veracruz, que le inició un proceso por el delito de incumplimiento de un deber legal, argumentando que el exgobernador no cumplió con su obligación de hacer la entrega-recepción de su gestión como mandatario estatal. *** El pasado 18 de agosto, Javier Duarte promovió la ampliación de una demanda de amparo contra diversas autoridades ante un Juzgado de Distrito en Xalapa. El exmandatario solicita de la justicia federal la protección contra actos del Juez de Proceso y Procedimiento Oral Penal, del XI Distrito Judicial de Xalapa, quien el 26 de abril se negó a declarar el sobreseimiento de la causa 38/2017 en su contra. *** La defensa de Javier Duarte argumenta que, al haber recibido licencia para ausentarse del cargo, debería ser el interino Flavino Ríos Alvarado quien cumpliera con dicho requisito. *** La denuncia, por cierto, fue promovida por el entonces fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, hoy preso en Almoloya, acusado de desaparición forzada. *** En la comunidad Monte Gordo, del municipio de Tecolutla, un señor identificado como Francisco Javier, de 40 años, fue asesinado a tiros por varios sujetos. *** La víctima se encontraba trabajando en un plantío de sandías, cuando individuos armados llegaron al lugar y le dispararon. *** Ese es el ambiente de violencia que impera en la entidad, pero que las autoridades del estado se niegan a reconocer.

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