Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
No, no se crean ese cuento de que el gobierno de Veracruz “está preocupado por las víctimas”. *** Lo que en realidad molesta a Cuitláhuac García y a sus subalternos, es que mediante el legítimo recurso del amparo, se vean obligados a poner en libertad a personajes políticos contra los que actuaron, a pesar de no tener elementos para probar la comisión de algún delito. *** Y eso no lo dice algún juez de Distrito, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino un órgano autónomo, cuya función es, precisamente, poner freno a los abusos de las autoridades. *** La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó denuncia penal contra la Fiscalía General de Veracruz (FGE) por su rechazo a la recomendación 059/2022 derivada de la violación a los derechos humanos de José Manuel del Río Virgen, durante su detención arbitraria. *** Ese es sólo un caso, de una larga lista de denuncias penales y administrativas que la CNDH ha presentado en contra de diversas instituciones como la Fiscalía de Veracruz. *** La recomendación sobre la ilegal detención de Del Río Virgen fue emitida en 2022 debido a que la CNDH acreditó que su captura había sido arbitraria, además de violentar los derechos de la niñez pues durante el operativo el funcionario iba acompañado de su hija menor que padece autismo. *** La recomendación 059/2022 establece que Del Río Virgen fue víctima de una detención arbitraria con lujo de violencia y posteriormente de una imputación indebida, lo que generó la vulneración al debido proceso y debida diligencia en el caso, por su presunta participación en el homicidio de Remigio Tovar, candidato del partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Cazones. *** La FGE respondió en su escrito de rechazo a la recomendación que la CNDH se limitó a “expresar afirmaciones sesgadas y contrarias a la verdad de los hechos para tratar de justificar la supuesta violación a los derechos humanos”. *** Agregó que “no puede aceptar una recomendación que adolece de un verdadero sustento lógico-jurídico, en el que los posicionamientos realizados por ese organismo nacional se encuentran basados en una serie de conjeturas, realizadas mediante un análisis débil del material probatorio”. *** Alguien tendría que explicarle a la titular de la Fiscalía, que ese acto de rebeldía la podría enviar a prisión.
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Hay que tener mucha cara dura para pretender minimizar lo que sucede en Poza Rica y la región. Decir que las matanzas, las ejecuciones y la colección de restos humanos en frigoríficos son situaciones que “esporádicamente llegan a suceder” es el colmo de la desvergüenza y de la desfachatez.
Confrontar esos hechos con los amparos que han concedido jueces de Distrito a sujetos imputados por la Fiscalía de Veracruz por delitos como homicidio, pederastia, violación y secuestro, es no tener la menor idea del concepto de Derecho. Ninguno de los que han conseguido esos amparos es una persona sentenciada y, por lo tanto -porque así lo establece nuestra Carta Magna- todos ellos son inocentes. Los amparos son producto de vicios en las carpetas de investigación y evidentes resoluciones por consigna, por la colusión existente entre la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia, ambos organismos al servicio del gobierno estatal.
El Director Editorial del periódico Excélsior, el analista Pascal Beltrán del Río, remata su colaboración de este miércoles con la siguiente reflexión:
“Lo que sucede en Poza Rica, digno de una película de terror, es otra muestra del desgobierno en Veracruz. E —igual que el reciente secuestro de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco— debiera tener una respuesta contundente de la sociedad mexicana”.
Otro prestigiado comunicador, Héctor de Mauleón, trata también el caso de la violencia en el norte de Veracruz y concluye:
“En todos estos años el paisaje veracruzano se ha llenado de bolsas de plástico negro con cuerpos desmembrados. Hoy sabemos que no todos los muertos son abandonados en lugares públicos: que además de ser arrojados en calles, carreteras, predios baldíos, así como a las fosas clandestinas que inundan el estado (en una de estas fueron encontrados 298 cuerpos), algunos otros permanecen congelados con designios que sólo el gobernador conoce, pero que no va a informar. Afortunadamente, según dice, los paró en seco. Afortunadamente, informó, en el estado de Veracruz ‘hay tranquilidad’”.
Y a propósito de la reiterada promesa del gobernador (cada que ocurre una de esas “esporádicas” masacres) de que “se reforzará la seguridad en la zona”, este miércoles el periodista Raymundo Riva Palacio, en el periódico El Financiero, coincide en la inutilidad de la medida:
“El impacto nacional e internacional que provocó el hallazgo obligó al gobierno federal a actuar rápidamente que, en coordinación con el gobernador Cuitláhuac García, inició un operativo con 300 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en toda la región de influencia del Grupo Sombra y el Cártel Jalisco Nueva Generación, incluyendo a Cazones de Herrera, al sur de Tuxpan y al este de Tihuatlán, y la sierra del Totonacapan, donde se han dado denuncias de secuestro y retención de autobuses de pasajeros”.
Y agrega: “El operativo, dados los antecedentes, no va a resolver nada. Operativos militares similares en colaboración con gobiernos estatales, que son diseñados para disuadir, no para combatir, a fin de lograr la seguridad y alcanzar la paz, han estado fracasando”.
Y explica: “Ese tipo de estrategias han probado que no funcionan y, por alguna razón, no han querido emplear otros métodos. Las autoridades tienen la información de inteligencia sobre qué está sucediendo en el norte de Veracruz, como mostró el gobernador García al afirmar el lunes en una conferencia de prensa que el crimen era resultado de una lucha entre organizaciones delincuenciales –lo que es cierto–, como consecuencia de una disputa entre dos “peces gordos” y una “descomposición” y “traiciones” al interior de los grupos criminales –lo cual, aunque generalizó, también es cierto–”.
Concluye: “Es el trabajo de inteligencia y la toma de decisiones a partir de esa información lo que debe hacer para resolver la conflictividad criminal, pero no se hace. Las autoridades tienen el mapa de cárteles, de sus brazos armados y sus sicarios, así como la identificación de sus líderes y jefes de plaza, pero el gobierno opta por mantenerlo como trabajo de gabinete, sin darle utilidad sobre el campo de operaciones. Dar abrazos está resultando muy costoso en vidas, y la descomposición del tejido social tiene impacto sobre la economía familiar. El gobernador prometió el lunes que las cosas no quedarían impunes, pero por el camino escogido, eso no sucederá”.
Es bien sabido que Cuitláhuac García nada sabe de lo que es el Derecho y que lo que repite cada día en sus remedos de “mañanera”, no es más lo que le preparan para justificar la ineficacia de la Fiscalía y del Poder Judicial del Estado.
Este miércoles el gobernador viajó a la Ciudad de México para denunciar ante los medios de comunicación -una vez más- al Poder Judicial de la Federación porque -afirma- “ha liberado a 44 presuntos criminales” en Veracruz.
Toma nota el gobernador de lo que se ha señalado en este mismo espacio y lo rechaza, aunque no da un solo argumento:
“Parecieran hechos que son aislados, no concatenados, o incluso, como lo han querido desvirtuar algunos medios, adjudicándolo a los errores de la procuración o administración de la justicia local, pero no es así”.
Cuitláhuac García se hizo acompañar, en esa conferencia de prensa, por su subordinada, la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
De ella no vale la pena comentar su participación, pues es evidente que su papel fue avalar lo dicho por su jefe, el gobernador de Veracruz.
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Epílogo.
Y a propósito de esos “hechos esporádicos” a los que se refirió el gobernador, la madrugada de este miércoles un cuerpo sin vida fue encontrado -desmembrado y con una cartulina con una amenaza- en la colonia Santa Cruz Buena Vista, a unos metros de la sede del Mando Único, en la ciudad de Córdoba. *** Mientras tanto, en Poza Rica siguen las diligencias para conocer el número exacto de cuerpos desmembrados que fueron encontrados guardados en frigoríficos. *** Óscar Espino Vázquez, asesor jurídico del colectivo “María Herrera” de Poza Rica, dio a conocer que hasta el momento se tiene la certeza de que hay 17 cuerpos, aunque la cifra podría seguir creciendo. *** “Están haciendo los análisis de antropología para poder individualizarlos y determinar de cada cuerpo a qué parte se le toma muestra para generar la base de datos de ADN y confrontarla con los perfiles genéticos de las familias de personas desaparecidas”. *** Comentó que es posible que los cuerpos hallados el domingo en congeladores correspondan a personas que desaparecieron en el último mes.
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