Entre Javier Duarte y Cuitláhuac hay mucha similitud

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / LUEGO DE la agresión a dos jóvenes en Coatzacoalcos donde uno de ellos – Alexis Moreno Mérida, de 23 años, egresado de la carrera de Enfermería en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, en Chetumal- perdió la vida la madrugada del miércoles 9 de este mes a manos de policías de Seguridad Pública que le dispararon inmisericordemente porque, presuntamente, no se pararon cuando les marcaron el alto cuando venían de una fiesta, deteniendo arbitrariamente tras los hechos a su amigo Raúl Solís, en el Gobierno del Estado intentaron apaciguar los hechos al interior de la sociedad deteniendo a un elemento policiaco, y en los medios de comunicación tendiendo una cortina de humo, anunciando la aprehensión y vinculación a proceso de Josué C, también conocido como «El Celaya», quien enfrenta acusaciones de secuestro y homicidio del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz en febrero de 2014, cuando el comunicador fue privado de su libertad arrancado de su propio hogar en Villa Allende, una localidad de Coatzacoalcos, siendo encontrado días después sin vida en una fosa clandestina en el municipio de Las Choapas, dejando una herida profunda en el periodismo veracruzano. Josué había sido intervenido desde el sábado 5 de Agosto, y se habían guardado el anuncio para menor ocasión, por lo que finalmente soltaron la noticia el lunes 14, demostrando de esa manera a la prensa que en este gobierno hay voluntad para perseguir y detener a los asesinos de los periodistas, pero al mismo tiempo, caiga quien caiga tambien se aprehende a policías por cuando incurren en homicidio, lesiones, abuso de autoridades, entre otros delitos. Y todo iba bien: los periodistas sureños (allá donde se perpetró el crimen del joven Alexis Moreno cuando viajaba en un vehículo marca Kía tipo Río color rojo junto con su amigo Raúl Solís, quien fue detenido en la colonia Benito Juárez causando el enojó de familiares y amigos de ambos agredidos, sobre todo porque la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no emitieron ningún comunicado o alguna postura al respecto), se mostraron satisfechos de que se había hechos justicia a Gregorio Jiménez de la Cruz, y se había aplicado la ley a los nefastos policías agresores, pero algo se salió del control.

EL MISMO día del montaje, Poza Rica se convirtió en epicentro de la violencia nacional al anunciarse que en dos casas de seguridad fueron localizados 34 cuerpos humanos destazados y congelados en refrigeradores, y aunque minutos más tarde el Gobernador Cuitláhuac García y la Fiscal del Estado, Verónica Hernández salieron “aclarar” que no fueron 34 sino 13 cadáveres, “pero podrían ser más” (esto es, 8 o 10 cuerpos más) como si el numero fueron lo más importante y no los hechos de salvajismo), lo cierto que al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez no le quedó sino recurrir a su misma cantaleta trillada y tediosa: que la principal línea de investigación es el ajuste de cuentas entre dos bandas delictivas, a partir de la aprehensión de sus jefes de plaza; no obstante, afirmó que están identificados los nuevos cabecillas (y uno se pregunta ¿y entonces porque no han actuado contra estos si saben quiénes son? ¿es acaso por complicidad, comodidad o permisidad?).

Y ACTO seguido –a pocas horas de los hechos- destacó la labor la Fiscalía General del Estado al detener a seis personas sospechosas, “lo cual refrenda el mensaje de no impunidad y que la justicia actúa de forma imparcial contra todos los generadores de violencia”, un mensaje ya muy manoseado y que nadie le cree, sobre todo porque muchos detenidos en Veracruz al final del día son liberados por falta de pruebas, lo que demuestra que las aprehensiones las realizaron solo para salir del paso. Y eso ocurrió, tambien, con la liberación de Raúl Solís, tras cumplirse 48 horas de su detención y vencer el plazo por no encontrar pruebas contundentes en su contra. Hasta entonces se conoció que Raúl fue detenido por el delito de ataques a las instituciones de seguridad, sin embargo, los elementos de la Policía Estatal no lograron acreditar las pruebas en su contra, versión que fue vertida solo para librarse de la responsabilidad que tenían en el asesino del amigo de Raúl, en este caso Alexis, lo que pone en evidencia que algunos uniformados además de asesinos son mentirosos y cobardes.

Y QUIZA el crimen del joven enfermero habría quedado impune con un inocente en la cárcel, si no es porque amigos de ambos se manifestaron a las afueras del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA) en el municipio sureño, durante la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador al Estado el domingo 13 de agosto. Dejaron claro que no obstante ser pocos quienes se encontraban en ese momento, ya estaban haciendo ruido para que el caso escalara y llegara a oídos de más personas, para que así se hiciera justicia. Los jóvenes, con carteles en mano, buscaban que López Obrador los atendiera un momento para explicarle y que conociera el caso de Alexis y Raúl, sin embargo no pudieron acercarse a él, pero el Presidente si fue enterado del caso.

POR ELLO, ante la presión social, anunciaron finalmente la detención del policía José Antonio N, y dictaron orden de aprehensión contra un segundo por su presunta implicación en el asesinato del enfermero, y de paso cesaron al delegado de la SSP en el sur del Estado, pero insistimos, no contaban con otros dos arteros hechos: el hallazgo de infinidad de cuerpos en dos fosas de seguridad de Poza Rica, y el crimen del coordinador de la juventud en el municipio de Yanga, Fidel González Ramírez a las afueras de su domicilio particular ubicado en la Colonia Centro, ejecución que generó una inmediata movilización de cuerpos policiales y de personal de la Fiscalía, pero tambien la indignación social. Y es que el joven de aproximadamente 25 años, hijo de un conocido médico de Yanga, se desempeñaba como coordinador de la Juventud en dicha municipalidad, desde el 04 de marzo del 2022, cuando le fue entregado su nombramiento de manos del presidente municipal Fernando Nicolás Gordillo Torres.

EN FIN, Veracruz es un infierno solo equiparable a los tiempos del nefasto ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, cuando se asesinaron a 18 periodistas de acuerdo a las cifras de Artículo 19, todo ello entre el 1 de diciembre del 2011 y el 12 de octubre del 2016, cuando Duarte pidió licencia al cargo como gobernador de la Entidad, y cuyas muertes tienen una posible relación con el ejercicio de la labor informativa. Y es que en aquellos álgidos tiempos, el periodismo se convirtió en una profesión de alto riesgo, y aunque el exgobernador veracruzano fue detenido el pasado 15 de abril, en Guatemala, que se sepa no ha sido juzgado por las ejecuciones de integrantes de la prensa, y lo peor, en el 2013 recibió un reconocimiento por parte de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos AC (AME) por su compromiso con la libertad de expresión, al haber creado la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas. Aunado a lo anterior, en su periodo hubo infinidad de jóvenes desaparecidos que a la fecha siguen como tales, asesinatos, masacres, secuestros, levantones y extorsiones impunes, algo muy parecido a lo que ocurre actualmente con Cuitláhuac García Jiménez. Así las cosas. OPINA [email protected]