Es la manera como actúa y ha actuado el gobierno de Cuitláhuac García. Se pasan por el arco del triunfo todos los ordenamientos judiciales, acalambran a la persona que están persiguiendo y esperan a que un juez dicte la inmediata libertad de la persona a la que victimizaron. Así lo hicieron con José Manuel del Río Virgen, así lo hicieron con Pasiano Rueda, así lo hicieron con la jueza Angélica Sánchez. Y lo que es peor, así lo seguirán haciendo, porque el presidente López Obrador no sólo permite este tipo de arbitrariedades, sino que hasta las aplaude. La jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, Daniela María León Linarte ordenó la inmediata libertad de la jueza Angélica Sánchez.
En el dictamen emitido se lee: «Es fundado el incidente por incumplimiento de la suspensión provisional que se plantea, por los motivos y fundamentos que enseguida se exponen… en estricto acatamiento a la suspensión provisional de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de suspensión en que se actúa, al momento de acordar la recepción de tal oficio, determine no tener a su disposición a la allá investigada y por el contrario, establezca que, en virtud de que los hechos con apariencia de delito por los que se investiga a la aquí quejosa no ameritan prisión preventiva oficiosa, ORDENE QUE SE LE DEJE EN INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD SIN CONDICIONAMIENTO ALGUNO».
Muy bien, la jueza será liberada, pero, ¿qué sanción merecen todas esas instancias que participaron en desacato? Hablamos de la Fiscalía de Veracruz, la Policía Ministerial, además del juez que giró la orden de aprehensión en contra de Angélica Sánchez.
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