Juan David Castilla / Xalapa, Ver. El 98 por ciento de las compras realizadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no están disponibles en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), lo que impide contar con datos sobre el número y nombre de los proveedores participantes.
Además, 53 por ciento de las compras no cuentan con un enlace funcional a la documentación, denunció el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El IMCO, considerado un centro de investigación en política pública, sostiene que persisten los riesgos de corrupción en las compras públicas del Gobierno Federal.
Cuatro de cada 10 pesos en compras públicas se gastó a través de procedimientos sin competencia: en 2021, 41 por ciento del monto total fue adjudicado directamente y cuatro por ciento a través de invitaciones restringidas.
Las instituciones federales incumplieron las leyes de contrataciones al adjudicar más de 9 mil millones de pesos a proveedores riesgosos como empresas “fantasma”, sancionadas y de reciente creación.
El 29 por ciento de las instituciones federales aumentaron su puntaje de riesgo de corrupción en las compras públicas respecto a 2020.
«Aunque el Gobierno Federal ha declarado la lucha anticorrupción como una de sus principales banderas, las acciones y resultados para atender un fenómeno complejo han sido insuficientes», se lee en un reciente informe del IMCO.
El IMCO se enfoca en una de las áreas más vulnerables a la corrupción: las compras públicas. Por ello, desarrolló el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), un análisis que monitorea las prácticas de riesgo de corrupción en las compras públicas de más de 260 instituciones de la Administración Pública Federal (APF), a través de 27 indicadores de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley.
Una de cada tres licitaciones públicas incumplió con la publicación de uno o más documentos. Las instituciones federales adjudicaron 9 mil 797 millones de pesos a empresas de reciente creación, 35 millones a proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública, y un millón 800 mil pesos a empresas fantasma.
Entre las instituciones que gastaron más de tres mil millones de pesos en 2021, el Insabi fue la institución con mayor riesgo. Por otro lado, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) fue la institución con el menor puntaje de riesgo con respecto a las 264 instituciones analizadas.
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